San José, 6 dic (elmundo.cr) –El Ministerio Público acusó a tres funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a la apoderada corporativa de Hernán Solís, Mélida Solís Vargas, por el pago de casi ¢1.000 millones, en diciembre de 2011, por un cemento que al parecer no fue ejecutado, ni tampoco aprobado.
Se trata de 5.790 toneladas de cemento tipo portland, que según la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción no fue “ejecutado, aprobado y recibido a satisfacción”.
El caso ya está en la etapa de audiencias preliminares en Juzgado Penal de Hacienda, por el supuesto delito de Influencia contra la Hacienda Pública, a la apoderada Corporativa de H. Solís, Mélida Solís Vargas, así como a los entonces funcionarios de la entidad, Marco Rojas Jenkins, gerente de Conservación Vial de Puentes; Ana Ivette Campos Cerdas, analista presupuestaria y Málaky Aiza Campos, jefa de ejecución presupuestaria.
Asimismo, la Fiscalía solicitó un sobreseimiento definitivo a favor del director financiero, Carlos Solís Murillo.
El caso se conoce bajo el expediente 13-000045-0621-PE, desde el 31 de agosto anterior, informó a EL MUNDO la oficina de prensa del Ministerio Público. LEA TAMBIÉN: Ministerio Público acusa a implicados del Conavi y Hernán Solís por pago en navidad
Este miércoles se cumplen el segundo día de audiencias, que son de carácter privado, donde las partes involucradas rinden su testimonio de los hechos. Posterior a eso, el juzgado deliberará si acoge o no la acusación y la solicitud de apertura a juicio.
La Contraloría General de la República (CGR) interpuso la denuncia, debido a que en época navideña, en 2011, Conavi le pagó a la constructora ¢956,6 millones por concepto de 5.7 toneladas de cemento portland, que habrían burlado los controles de la administración.
Lo anterior va de la mano con el proyecto que le fue concesionado ese año a la empresa constructora Hernán Solís, para la ampliación y reparación de la Ruta Bernardo Soto, en el tramo Juan Santamaría-Manolos.
Al respecto, Carlos Carmiol, vocero de Hernán Solís, indicó el 23 de agosto anterior que “la empresa de manera absoluta rechaza los señalamientos en relación a los hechos que son objeto de investigación y los mismos serán aclarados oportunamente ante las autoridades correspondientes”.
Hoy se solicitó una posición de la empresa constructora, empero, al cierre de esta nota no hubo respuesta alguna.
La Procuraduría General de la República, en días pasados solicitó una acción civil resarcitoria de más de ₡188 millones, que recaerían en contra de los funcionarios de la entidad del gobierno y de la firma constructora H.Solís. LEA TAMBIÉN: Procuraduría exige ₡188 millones a funcionarios de Conavi y a constructora H. Solís
Por el “daño material” la Procuraduría pide ₡88 millones, mientras que la resarción en cuanto al “daño social” sería de ₡100 millones. Lo anterior debido al presunto pago irregular de una factura de casi ₡1000 millones, en diciembre 2011.
