San José, 05 nov (elmundo.cr) – El fiscal general de la República, Carlo Díaz, advirtió que en Costa Rica operan otras organizaciones criminales dedicadas al robo de contenedores y la contaminación de cargamentos con drogas, armas y otros productos ilícitos, más allá de las estructuras investigadas en los casos Portus y Leviatán.
Las declaraciones las brindó este jueves 5 de noviembre durante el X Congreso de Seguridad de Mercancías en la Cadena Logística, realizado en el Centro de Convenciones de Costa Rica, donde se abordó la importancia de la cooperación entre el sector público y privado para combatir los delitos que afectan la cadena logística y el comercio internacional.
“Portus es una investigación, pero nosotros sí tenemos noticia de que hay otros grupos. Tal vez no tan coordinados, no tan bien informados como estaba esta gente del caso de Portus, pero que sí realizan también robos de contenedores”, manifestó Díaz.
El fiscal explicó que algunas de estas estructuras incluso podrían contar con la colaboración de funcionarios o empleados de empresas privadas, quienes facilitarían información o movimientos logísticos para concretar los delitos.
“En algunos de sus robos también se ven involucrados hasta los mismos funcionarios o empleados de las mismas organizaciones que de alguna manera facilitan toda la labor de los delincuentes”, señaló.
Caso Leviatán: organización controlaba operaciones en APM Terminals
Sobre el caso Leviatán, Díaz explicó que la investigación permitió desarticular una organización criminal que brindaba servicios logísticos a otros grupos delictivos para garantizar el traslado de cocaína, principalmente hacia puertos europeos, aunque también se identificaron envíos a Estados Unidos.
Según detalló, la estructura tenía influencia sobre trabajadores de cooperativas, empleados de APM Terminals e incluso policías de la Policía de Fronteras.
El jerarca indicó que la organización utilizaba diferentes modalidades para contaminar los contenedores: en algunos casos la mercancía ya llegaba contaminada y en otros se introducían las sustancias ilícitas durante el proceso logístico.
También identificaron situaciones en las que se permitía sacar un contenedor de las instalaciones portuarias para posteriormente ingresarlo nuevamente, pero ya contaminado.
“Esta organización garantizaba el envío y para eso se cobraba aproximadamente 250.000 dólares, fuera cual fuera el tamaño de la carga”, afirmó Díaz.
Robo de contenedores y contaminación afectan al comercio
El fiscal general señaló que las investigaciones no se concentran únicamente en el robo de mercancías, sino también en la contaminación de contenedores con cocaína, marihuana, armas y precursores utilizados en actividades ilícitas.
Explicó que estos hechos generan afectaciones económicas y perjudican las operaciones comerciales, incluso cuando la mercancía original no es sustraída.
“El daño que se produce por el robo de contenedores, pero también creo que no solo el robo sino a veces hasta la contaminación, porque si bien la mercancía no se pierde, al final de cuentas sí termina no llegando a su destino”, indicó.
Díaz recordó que el caso Portus permitió identificar una organización dedicada al robo de contenedores que utilizaba información logística de un sistema estatal para conocer cuáles cargamentos transportaban determinados contenedores y seleccionar cuáles interceptar.
Fiscalía señala falta de recursos y coordinación como obstáculos
Consultado sobre las principales dificultades para investigar y llevar ante los tribunales a estas organizaciones, Díaz mencionó la falta de recursos y los problemas de coordinación entre las diferentes instituciones y sectores involucrados.
Explicó que estos casos requieren la participación del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Policía de Control de Drogas (PCD), la Policía de Fronteras y la Policía Fiscal, además de la colaboración de las empresas privadas y las autoridades internacionales.
“A veces las dificultades van, llamémoslo así, en ese sentido de trabajar todos juntos en una línea”, manifestó.
El fiscal insistió en que la seguridad de la cadena logística requiere un esfuerzo conjunto, debido a que las organizaciones criminales aprovechan las vulnerabilidades tanto de las instituciones públicas como de las empresas privadas para facilitar sus operaciones.
“Para nosotros es importante la colaboración no solo nacional, la colaboración privada y la cooperación internacional en este tipo de investigaciones”, concluyó.
