San José, 17 ene (elmundo.cr) – La Fiscalía General de la República anunció este martes que ya presentó la acusación contra 26 personas, acusadas de haber participado en los hechos ilícitos que dieron al traste con la construcción de la Ruta Fronteriza 1856, durante la administración de Laura Chinchilla Miranda.
Jorge Chavarría, Fiscal General de la República dijo en conferencia de prensa que entre los acusados se encuentran tres funcionarios públicos, tres personas que se hicieron pasar por inspectores del CONAVI, 18 empresarios y dos esposas de estos últimos.
Todos ellos idearon un plan para suscribir contratos por falsos alquileres de maquinaria u obras que posteriormente fueron cobrados, generando un perjuicio al erario público por más de ¢1234 millones de colones.
Durante cinco años, la Fiscalía realizó las pesquisas del caso, constituyéndose en el más importante y grande de la historia del Poder Judicial Costarricense.
En total, el expediente del caso está conformado por 668 folios, 250 declaraciones de testigos, 86 informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y 58 allanamientos.
A los involucrados se les ha imputado de cohecho, peculado, penalidad del corruptor, enriquecimiento ilícito, encubrimiento de bienes, influencia en contra de la Hacienda Pública y legitimación de capitales.
Entre las irregularidades detectadas por la Fiscalía está el que se hubiesen cobrado por contratos de alquiler de maquinaria que ni siquiera estaba en territorio costarricense.
Los tres funcionarios públicos acusados son el director del CONAVI durante la administración Chinchilla Miranda, Carlos Acosta y dos subalternos identificados por sus nombres Miguel Ramírez Marín y Manuel Serrano Alvarado.
El caso, sin embargo, tardaría otros cinco años en llegar a juicio producto de las etapas procesales en las que se encuentra.
Las pesquisas de la Fiscalía descartaron que más allá del entones director del CONAVI, altos funcionarios del Gobierno de Chinchilla Miranda estuvieran involucrados.
