FEUCR presenta recurso de amparo ante recorte del FEES

Fotografía tomaba de la página de la UCR.
El presidente de la FEUCR Renato Franco y Hannia Vidaurre, secretaria de Sedes, presentaron el recurso de amparo este jueves 8 de noviembre de 2018. Fotografía tomaba de la página de la UCR.

San José, 8 nov (elmundo.cr) – La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional para que se ordene a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y a la Asamblea Legislativa garantizar el 8% del Producto Interno Bruto de Costa Rica a la educación estatal.

El presidente de la FEUCR, Renato Franco indicó que 1.500 estudiantes se sumaron a apoyar este recurso con sus firmas. El documento fue recibido bajo el expediente 18-017806-0007-00.

“Es fundamental que en este momento trabajemos para defender la educación pública, es una oportunidad increíble la que tenemos de poder estudiar y en un futuro retribuir al país y yo creo que en este momento está peligrando como nunca antes”, indicó Franco.

La solicitud de la FEUCR está amparada en los artículos 78 y 85 de la Constitución Política, que establece el financiamiento para la educación superior pública y materializa el Fondo Estatal para la Educación Superior (FEES).

La Comisión de Hacendarios aprobó el 17 de octubre una moción para recortarle ₡10 mil millones de colones al Fondo Especial de la Educación Pública.

La misma fue propuesta por el diputado Jonathan Prendas del Partido Nueva República.

Según el legislador, este recorte se presentó porque el año anterior la inflación fue muy baja y aun así el gobierno a través del Ministerio de Educación decidió girarle 15 mil millones al FEES.

Los estudiantes también solicitan que se ordene al Poder Ejecutivo incluir la partida presupuestaria que obliga el mandato constitucional para garantizar de manera completa el Fondo Estatal para la Educación Superior en el proyecto de presupuesto para el año 2019.

Para la FEUCR con esta acción se exige el cumplimiento del fallo del 2016, en el cual la Sala Constitucional advirtió que no se puede disminuir el presupuesto para la educación pública.

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