San José, 11 ago (elmundo.cr)-La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR) denunció este miércoles a la contralora general de la República, Marta Acosta, ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de desobediencia y prevaricado, al aplicar la regla fiscal en presupuestos universitarios en el 2020 a pesar de que la Sala Constitucional ordenó suspender su aplicación en el 2019.
Así lo confirmó a Universidad, Fabián Hassan presidente de la FEUCR.
Según explicó el presidente de la FEUCR “creemos que esto es importante para que se sienten responsabilidades de la afectación tan severa que está ocasionando la regla fiscal en las becas y en el ejercicio de la educación como un derecho humano”.
“Esperamos un actuar diligente de la Fiscalía y quedamos a las órdenes para cualquier colaboración en este caso. De momento nos mantendremos a la espera de las acciones que pueda tener la fiscalía en esta materia”, resaltó.
Cabe recordar que la Sala IV declaró inconstitucional el rebajo de ¢10.000 millones que la Asamblea Legislativa realizó al Fondo Especial para la Educación Superior Pública (FEES) en 2019.
De acuerdo con la sentencia dictada este miércoles 3 de agosto, que dio la razón a los alegatos presentados por quienes ocupaban en aquel momento la Rectoría de las cinco universidades públicas.
«Se declara con lugar la acción; y, en consecuencia, se declara la inconstitucionalidad de incluir la rebaja al FEES en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019, sin que la Asamblea Legislativa tuviera competencia para ejercer tal conducta al no existir el diferendo previsto en el artículo 85, de la Constitución Política», se lee en la resolución.
La Sala Constitucional previno a la Asamblea Legislativa de que puede volver a incurrir en esa conducta
La propuesta del Gobierno para el FEES del 2019 fue de ¢511.154 millones, el mismo monto del 2018, pero incluido el 3% de inflación estimada por el Banco Central. Sin embargo, los diputados de ese momento aprobaron rebajarle ¢10.000 millones para trasladar ese presupuesto a la amortización de la deuda pública.
Aquel acto legislativo fue calificado por los rectores en la acción de inconstitucionalidad como una intervención «indebida» del Congreso.
La demanda interpuesta por la Federación coincide con la negociación del presupuesto destinado al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).
