San José, 8 dic (elmundo.cr) – El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, planteó ante la Sala Constitucional una consulta facultativa institucional de constitucionalidad respecto del proyecto 21.336 denominado Ley Marco de Empleo Público.
La consulta de Cruz es referente a los siguientes artículos del proyecto: 6,7,9,12,13, 16, 24, 28, 32, 33, 34, 36, 49 y normas conexas.
En la consulta le solicitan a la Sala Constitucional que haga uso de lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y si advierte otro motivo de inconstitucionalidad no invocado y consultado, así lo haga ver en la respectiva resolución.
Además que se atienda y resuelva la consulta de Constitucionalidad planteada y se proceda a determinar si las normas consultadas y cualquier otra conexa o que la Sala Constitucional determine, resultan conformes al derecho de la Constitución o si por el contrario su contenido y efectos lesionan las competencias constitucionales de la Corte Suprema de Justicia en particular y del Poder Judicial en general, con abierta lesión a la independencia judicial y al régimen de derechos fundamentales de las personas habitantes de la República.
De igual forma solicitan hacer el análisis pormenorizado y exhaustivo respecto de todos y cada uno de los indicados puntos de consulta referentes a una eventual afectación a las competencias constitucionales de los órganos de este Poder.
También que se declare que las normas objeto de consulta podrían ser contrarias a las competencias exclusivas y excluyentes de la Corte Suprema de Justicia en materia de gobierno del Poder Judicial, en tutela de la independencia e imparcialidad de las personas servidoras judiciales, pudiendo ser el contenido y efectos de la normativa cuestionada incompatible con la independencia judicial.
La tarde de este martes los diputados aprobaron en primer debate el expediente 21.336, Ley Marco Empleo Público.
El proyecto fue aprobado con 36 votos a favor y 8 en contra.
Entre los últimos cambios efectuados en la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad se encuentra que el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense de Seguro Social, las municipalidades y las universidades no estarán bajo la rectoría del MIDEPLAN, pero no las excluyen de la aplicación de la ley.
Además, se establece que tanto el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y los entes públicos con autonomía de gobierno u organizativa respetarán los plazos y períodos determinados en sus leyes, estatutos orgánicos y reglamentos, respecto de los servidores públicos nombrados en puestos de alta dirección pública.
