San José, 12 ago (elmundo.cr) – La presidenta de la República, Laura Fernández, ha mantenido un silencio absoluto ante la solicitud formal presentada por el magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya García, quien le exigió presentar las pruebas que sustentan su afirmación sobre una supuesta infiltración del narcotráfico y el crimen organizado en el Poder Judicial.
El pasado 28 de julio, Araya García, actuando en su carácter de ciudadano costarricense, remitió una carta a la mandataria solicitando el respaldo probatorio de la declaración donde aseguró que “se está metiendo hasta en los tuétanos del Poder Judicial el crimen organizado y el narcotráfico”.
De acuerdo con el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica, se garantiza el derecho de petición y el derecho a obtener una pronta resolución ante cualquier funcionario público o entidad oficial. El plazo constitucional de diez días para que la mandataria brindara una respuesta venció este martes sin que se registrara comunicación alguna por parte de Casa Presidencial.
Ante la falta de respuesta, el magistrado Araya cuestionó la postura de la gobernante: “Presidente Fernández, su silencio ofende una vez más a 14,000 familias judiciales que trabajan con fuerza, con honor, con cariño, con rectitud en pro de este país. Su silencio ofende la dignidad nacional”.
El magistrado concluyó su reclamo con una interpelación directa sobre el legado de la actual administración: “Presidente Fernández, le pregunto, ¿cómo quiere usted que la recuerde la historia?”.
Este episodio ocurre en un contexto de alta tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Recientemente, la Corte Plena ha denunciado que los recortes presupuestarios impuestos por el gobierno de Fernández tienen un “carácter político” y buscan menoscabar al Poder Judicial como contrapeso democrático. Por su parte, la mandataria ha defendido estas medidas bajo argumentos de austeridad fiscal.
