San José, 31 ene (elmundo.cr) – El Partido Liberal Progresista presentó la semana pasada a la corriente legislativa el proyecto 24.139, que propone el cierre de Recope y la prohibición de la exploración y la explotación petrolera en Costa Rica.
El jefe de fracción del PLP, Eli Feinzaig, explicó que presentaron dicha iniciativa porque “primero, nuestra visión país es de desarrollo sostenible, la cual nos ha traído visibles réditos en el plano internacional. Segundo, hemos adquirido compromisos internacionales para completar la migración hacia energías más limpias para 2050. Tercero, tenemos la oportunidad perfecta en este momento para rediseñar el modelo de desarrollo energético con transparencia y pensando en el bienestar del país a largo plazo”.
“Algunos, sin embargo, viven enamorados de las instituciones sigloveinteras”, lamentó el diputado.
Feinzaig insistió en que “lindo hablar en campaña de reforma y reducción del Estado, pero qué fácil se les olvida cuando les resulta útil la institución para sus agendas personales. O tal vez es que hay algunos que creen que energías limpias es diluir combustibles en el agua de los acueductos”.
Juan Manuel Quesada, el anterior presidente ejecutivo Recope, rechazó el proyecto presentado por Feinzaig, y lo calificó de “irresponsable y absurdo”, por estar fundamentado en análisis incorrectos.
El diputado aseguró que “lejos de reducirse, la planilla de Recope aumentó y el gasto en remuneraciones aumentó en 400 millones de colones del año 2021 al 2022”.
Según Feinzaig lo que trata el Gobierno es buscarle una “nueva chamba” a Recope para mantenerse en el negocio de las energías. Además criticó que Quesada planteó que con el proyecto del PLP se busca pasar de un monopolio público a uno privado, lo cual asegura que es falso.
¿Qué propone en realidad el proyecto del PLP?
El diputado indicó que “la infraestructura queda en manos del Estado, no se privatiza ni se vende, sí se otorga en concesión mediante licitación pública internacional, aplicando en el cartel las mejores prácticas para garantizar la seguridad del suministro, protección de los derechos de los usuarios, promoción de la eficiencia, innovación, servicio continuo y el compromiso país con las metas ambientales”.
“Se promueve un régimen de competencia real, no con un proveedor, sino con el mayor número de participantes posibles, tal como lo recomiendan la OCDE y la Coprocom. Nuestro proyecto sí se fundamenta en recomendaciones serias de la OCDE, de la Coprocom y de la Contraloría General de la República y no en estudios desactualizados basados en supuestos falaces”, sostiene.
“Si Recope quiere defender sus plazas y los privilegios que le da a sus empleados, pues se entiende que lo quieran hacer, pero por favor que lo hagan de frente y no con mentiras descaradas. Dejemos el miedo al cambio, ya llevamos casi un cuarto de este siglo y seguimos aferrados a las estructuras del pasado. Diseñemos el modelo energético en competencia que necesitamos”, concluyó.
