San José, 18 nov (elmundo.cr) – La Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO) emitió un enérgico comunicado en defensa de la independencia institucional de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y de su titular, Angie Cruickshank Lambert, ante los recientes intentos de sectores legislativos por apartarla de su cargo.
El Consejo Rector de la FIO manifestó su “firme respaldo institucional” a la defensora, cuestionando la moción presentada por diputados que exige su renuncia inmediata y plantea un procedimiento de destitución tras una visita realizada por la jerarca al Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO).
Para la federación, la labor de control que realiza la Defensoría suele resultar “incómoda para quienes ejercen el poder”, pero subrayó que “esa incomodidad no constituye una anomalía democrática: es una consecuencia legítima de la existencia de instituciones independientes”.
Supervisión penitenciaria es una obligación
El organismo internacional aclaró que la supervisión del sistema penitenciario no es una “opción política”, sino una competencia legal y un compromiso internacional del Estado costarricense, respaldado por la Ley N.º 7319 y tratados como las Reglas Nelson Mandela.
“La supervisión de las condiciones penitenciarias no representa una preferencia personal de la defensora ni una intromisión indebida en las políticas de seguridad. Constituye el ejercicio legítimo de competencias institucionales”, enfatizó la FIO.
Asimismo, el Consejo Rector rechazó la “falsa disyuntiva” planteada en la moción legislativa, la cual sugiere que la defensora prioriza los derechos de los privados de libertad sobre los de las víctimas.
Al respecto, el organismo señaló que “defender los derechos de una persona privada de libertad no significa defender el delito, ni desconocer el sufrimiento de las víctimas. Significa exigir que el Estado actúe dentro de los límites del derecho”.
Advertencia sobre la independencia
La FIO fue enfática al advertir que la amenaza de destitución como respuesta a actuaciones de control institucional sienta un precedente peligroso. Según el organismo, los Principios de Venecia exigen que la remoción de un Ombudsperson responda exclusivamente a causas legales y no a discrepancias políticas.
“La potestad de control parlamentario no puede transformarse en un mecanismo de presión sobre la independencia de criterio de la institución encargada de supervisar la actuación del Estado”, señaló el Consejo Rector.
Finalmente, la federación exhortó a las autoridades costarricenses a garantizar el respeto a la autonomía de la Defensoría y recordó que “una democracia no se fortalece debilitando a quienes controlan al poder. Se fortalece garantizando que puedan ejercer ese control con independencia, responsabilidad y sin temor a represalias”.