Puntarenas, 17 sep (elmundo.cr) – La Federación Costarricense de Pesca Turística (FECOP) continúa fortaleciendo la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) a través de la capacitación de jueces, fiscales y cuerpos policiales.
En colaboración con el Servicio Nacional de Guardacostas, la Fiscalía Ambiental del Ministerio Público y Humane World for Animals (HWA), FECOP llevó a cabo la cuarta edición de un curso especializado en la detección, investigación y judicialización de delitos pesqueros.
Durante dos días de capacitación en Punta Leona, más de 30 funcionarios recibieron formación teórica y práctica enfocada en la aplicación de la Ley de Pesca y la normativa internacional. El objetivo es consolidar las capacidades para enfrentar una problemática que genera pérdidas globales estimadas en más de USD $154 mil millones anuales y que en Costa Rica ronda los USD $84 millones, solo en la pesca de atún entre 2010 y 2015.
Moisés Mug, director de Ciencia de FECOP, destacó la importancia de esta iniciativa: “Lo más importante de este esfuerzo es la concientización sobre el gran problema que representa la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, un fenómeno global que también impacta directamente a Costa Rica”. Mug resaltó que la participación de jueces, fiscales, policías e investigadores permite un enfoque integral en la lucha contra la pesca INDNR.
El curso se distingue por reunir a representantes del Poder Judicial, entes de fiscalización, cuerpos policiales y autoridades pesqueras y ambientales, lo que facilita un abordaje multidisciplinario. John Vargas, del Departamento de Ciencias Forenses del OIJ, señaló que el curso “permite coordinar acciones entre instituciones y comprender las fortalezas y limitaciones de cada parte, lo cual es fundamental para una aplicación más realista y efectiva de la justicia”.
La innovación tecnológica es un componente clave del programa. La incorporación de ejercicios mediante realidad virtual permite simular abordajes de buques sospechosos de pesca ilegal, ofreciendo a los participantes una experiencia cercana a la realidad sin los costos y riesgos de movilizar embarcaciones reales.
Edwin Salazar, del Departamento de Fiscalización de INCOPESCA, afirmó que “un funcionario público debidamente capacitado tiene mayor objetividad y conocimiento para tomar decisiones. El fin principal del Estado es satisfacer el interés público, y estos talleres contribuyen enormemente a ese objetivo, especialmente en áreas tan relevantes como la pesca ilegal”.
En Costa Rica, la pesca ilegal incluye prácticas como el ingreso de buques extranjeros en áreas protegidas, la captura de especies vedadas y la pesca de pez vela con palangre y carnada viva en las primeras 30 millas de la costa. Esta última provoca la muerte de unas 19 000 piezas al año, afectando a la pesca turística y deportiva, una actividad valorada en USD $520 millones anuales.
