Puntarenas, 23 oct (elmundo.cr) – La organización ecologista FECON denuncia que en el Parque Nacional Corcovado y la Reserva Forestal, solo trabajan 29 guardaparques, quienes tienen a cargo vigilar el 8,8 % del territorio nacional, es decir unos 4.500 km2, por guardaparque bajo la presión de invasión ilegal para la caza y el saqueo de vida silvestre, minerales y madera.
Ante este panorama diversas organizaciones como FECON, Sitraminae, así como Mario Boza y Dr. Eduardo Carrillo, entre otros, interpusieron el recurso Nº 15-011930-0007-CO para acelerar una salida institucional al problema exigiendo una hoja ruta con acciones y propuestas claras para cumplir la ley.
Para FECON el tema de la desproporción entre el número de guardaparques y el tamaño del área a vigilar es solo un aspecto, lo que hay dentro de este territorio es lo más importante. Corcovado está constituido de bosque denso, lleno de ríos, costas y territorio marino, nada menos que el “lugar más intenso del mundo, biológicamente hablando”, según National Geographic Society. Estamos hablando del 3 % de la biodiversidad del mundo y el 50 % de las especies del país contenidas en un solo sitio.
El Parque Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce, desde principios del 2012 enfrentan una verdadera crisis provocada por el ingreso constante y creciente de oreros ilegales y cazadores furtivos, así como madereros ilegales, quienes actúan bajo impunidad aumentando en número y en tiempo de permanencia dentro de estas áreas protegidas, indican los ecologistas.
“Mientras en julio del 2013 había unos 250 oreros dedicados a la minería ilegal dentro de Corcovado, dos años después, en 2015 se estima una cifra de 400 o mayor dada la tendencia al aumento”, agregan.
Según los ecologistas el área invadida por “empresas” de minería ilegal supera ya las 16 mil hectáreas, es decir, un treinta y ocho por ciento (38 %) de la superficie terrestre del parque, estas personas “cuentan con mucho mejor equipamiento que los guardaparques, respaldados por autoridades judiciales y amparados por el ausentismo del Gobierno”.
“Durante los primeros seis meses de 2013 se calcula que varios grupos mineros ilegales pudieron remover el equivalente a 1.954 vagonetas de material (tierra de las márgenes de los ríos) y que la remoción de materiales desde que comenzó la crisis (2012) hasta mediados de 2013 ha sido de al menos 15 mil metros cúbicos, esto es una mina de mediana escala dentro de un sitio de importancia biológica mundial. ¿Cómo y por dónde sale todo ese oro?¿Si se hace de manera legal está pagando impuestos como corresponde?”, cuestiona FECON.
El daño de esta minería afecta a ríos y ecosistemas marinos de Golfo Dulce, si no que la presión de alimentarse mediante la caza, leña para cocinar y montar rancho o champas, dentro del parque ya es objeto hasta de estudio de la Universidad de Princeton que vaticinan que bajo el escenario de 2013, cuando 250 mineros se encontraban en el Parque, la población de chanchos de monte tenía probabilidad de extinción de un 40 % dentro de cinco años y cerca de un 99 % de probabilidad de extinción dentro de diez años. Mientras, los jaguares han disminuido a un nivel que nunca se había registrado en Corcovado en los últimos 22 años, menciona FECON.
Los guardaparques señalan que “los oreros tiene más derechos que nosotros”, ya que recuerdan cuando hace algunos años se les impuso una medida cautelar a favor de los oreros dentro del Parque Nacional Corcovado y en contra de 14 guardaparques de manera que no pudieran patrullar armados y por tanto dejar “a la libre” a los oreros. Esta medida cautelar avaló la ocupación ilegal de Corcovado en lugar de ordenar su desalojo, a pesar de que fue desechada sentó un precedente negativo para guardaparques y positivo para los oreros.
“Hoy los oreros detenidos dentro del parque presentan de oficio denuncias de abuso de autoridad; los tribunales parecen avalar la ocupación del parque, no hacer cumplir la ley y beneficiar al orero”, indican los ecologistas.
A pesar del grave déficit de personal, desde 1998 no se han ampliado las plazas para nombrar nuevos guardaparques. Peor aún, comentan los ecologistas, el Poder Ejecutivo y Hacienda han venido aplicando al Minae directrices presidenciales que impiden utilizar plazas que queden vacantes y crear nuevas plazas de funcionarios.
“Sabemos que resolver la situación de los oreros pasa por un proceso complejo de reducción de pobreza, cambios culturales y mejoramiento de calidad de vida, pero urge tomar medidas que se han pospuesto por años en Osa, la inacción contribuye a que estemos cerca de perder de manera irreversible uno de los territorios más valiosos de Costa Rica en el más amplio y diverso sentido de esta palabra. A estas alturas, las medidas deben ser drásticas”, concluyen.
