San José, 20 ene (elmundo.cr) – El candidato presidencial del Partido Restauración Nacional (PREN), Fabricio Alvarado, afirmó en una entrevista de Noticias Repretel que él no se ha opuesto a ninguna política antidiscriminación del actual Gobierno.
En el espacio Voto 2018 de Repretel, el diputado y candidato presidencial evangélico dijo: “No nos hemos opuesto nunca a ninguna política contra la discriminación que este Gobierno, especialmente, ha promovido”.
Su afirmación, sin embargo, es falsa de acuerdo con el Detector de Mentiras de EL MUNDO.
Alvarado fue uno de los 19 diputados que interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 40422 denominado “Reforma política del Poder Ejecutivo para erradicar de sus instituciones la discriminación hacia la población LGBTI”.
Así consta en la resolución 2017-17793 del 7 de noviembre del 2017, emitida por la Sala Constitucional para el caso tramitado en el expediente 17-016363-0007-CO.
Según el fallo, los diputados -incluyendo Alvarado- alegaron ante la Sala Constitucional que la política emitida por el Poder Ejecutivo violentaba su “libertad de pensamiento y expresión”, pues al suprimir de las instituciones gubernamentales cualquier forma de discriminación hacia la población LGBTI, se estaba “limitando e imponiendo valores extraños a la idiosincrasia de la mayoría de los costarricenses -que son judeocristianos- a quienes son funcionarios y usuarios”.
Asimismo, los diputados dijeron que “la Presidencia de la República confunde el respeto que se le debe tener a todo ser humano con una obligación de aceptar, promover y celebrar todo lo que los seres humanos hacen” y que la medida violentaba lo dispuesto en los artículos 28 y 29 de la Constitución Política, que prohíbe que las personas puedan ser inquietadas y perseguidas por la manifestación de sus opiniones.
Bajo ese y otros argumentos, los legisladores habían pedido al Máximo Tribunal anular el Decreto en cuestión, por considerarlo inconstitucional, sin embargo, su petición fue rechazada de plano, pues no reunía los requisitos mínimos de admisibilidad exigidos para una acción de inconstitucionalidad, entre ellos: estar debidamente fundamentada y la autenticación por abogado del escrito en el que se plantea la acción, y tampoco tenían legitimación para plantear el caso.
