San José, 15 mar (elmundo.cr) – Gina Paniagua Sánchez, nombrada viceministra de Agricultura y Ganadería por el Presidente Luis Guillermo Solís no ha devuelto ni un solo colón de lo que cobró por el plus salarial de prohibición, el cual le fue asignado de forma ilegal.
Así lo reconoció el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en oficios remitidos a solicitud de EL MUNDO.
Paniagua Sánchez, que renunció a su cargo el 1 de mayo del 2015 por motivos personales, percibió en total ¢4.672.916 colones por el plus de prohibición, excluyendo los montos deducidos por cargas sociales e impuesto sobre la renta, pero incluyendo lo percibido por salario escolar y aguinaldo.
La Asesoría Jurídica del MAG determinó en marzo del 2015 que el reconocimiento de la prohibición a Paniagua no estaba apegado a derecho. Dicho informe consigna que a la funcionaria se le estaba pagando el 65% adicional a su salario base, siendo bachiller universitaria pero sin estar incorporada al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica.
La prohibición solamente se le reconoce a funcionarios que pueden ejercer una profesión liberal y en el caso de la exviceministra, al no estar incorporada a ese colegio no podía ejercer su profesión.
De acuerdo con los acciones de personal en el caso de la entonces viceministra y de las cuales EL MUNDO tiene copia, el 21 de mayo del 2014 le fue autorizado el salario que iba a devengar como jerarca del MAG con el 65% de prohibición.
No fue sino hasta el 19 de agosto de ese mismo año que Recursos Humanos modificó su acción de personal y rebajó el incentivo de 65% a 30%, aplicando incorrectamente la Ley de Compensación por Pago de Prohibición que dice que se le dará ese porcentaje a los bachilleres universitarios y 65% a los licenciados.
Sin embargo, ya la Contraloría y la Procuraduría han dejado claro que la norma que se aplica a los viceministros es la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, la cual tiene carácter de norma específica y por tanto, es excluyente de las otras que regulan la prohibición, tal como esa legislación que se aplicó ilegalmente.
Para el 10 de marzo del 2015, la unidad de Recursos Humanos quitó definitivamente el reconocimiento del incentivo a la entonces viceministra. Eso ocurrió cinco días después de que la Asesoría Jurídica del MAG emitiera un informe en el que desglosó los errores cometidos a la hora de compensarle la prohibición a Gina Paniagua y que, una vez analizados sus atestados y las acciones hechas por Recursos Humanos, debía quitársele ese reconocimiento y proceder a hacer las gestiones de cobro correspondientes.
Tras quedarse sin esa remuneración, Gina Paniagua se incorporó al Colegio de Ingenieros Agrónomos de Costa Rica hasta el 9 de marzo del 2015. Fue hasta ese momento que ella legalmente podía empezar a cobrar la prohibición, sin embargo, debía devolver todos los dineros que percibió ilícitamente previo a su incorporación.
No fue sino hasta el 29 de setiembre del 2015 que el ministro Luis Felipe Arauz ordenó abrir un procedimiento administrativo de carácter civil. El traslado de cargos a la ya entonces exviceministra se hizo hasta el 17 de diciembre de ese mismo año y de acuerdo con el informe, fue hasta el 21 de abril de 2016 que Gina Paniagua Sánchez suscribió el pagaré donde aceptaba la deuda de los ¢4.672.916 colones y se comprometía a devolverlos en pagos mensuales de ¢50.000 colones cada uno, de modo que tardaría 93 meses, es decir, casi 8 años, en devolver los dineros.
El primer pago debía ser hecho por la exfuncionaria el 10 de mayo del 2016, sin embargo, el Ministerio de Agricultura confirmó que la jerarca incumplió el compromiso de pago.
“De acuerdo con el seguimiento que realiza la Unidad de Recursos Humanos, se determina que la exfuncionaria incumplió el acuerdo de pago, por lo que se traslada la gestión a la Procuraduría General de la República para elevar a los tribunales judiciales el cobro”, dice el informe entregado a este medio.
Con estas revelaciones, la exviceministra de Agricultura se convierte en la quinta funcionaria de este Gobierno que se revela ha cobrado ilícitamente la prohibición, establecida en los artículos 14 y 15 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.
La primera fue la viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz; que ha estado devolviendo los más de ¢11 millones de colones en tractos. El segundo caso público fue el de la ahora exviceministra de Vivienda, Ana Cristina Trejos; quien tuvo que devolver casi ¢11 millones de colones que percibió ilegalmente. El tercer caso, revelado a raíz de una investigación periodística de EL MUNDO fue el Ana Gabriel Zuñiga Aponte, quien ha cobrado más de ¢30 millones de colones por ese incentivo y no ha devuelto ni un colón, ya que está a la espera de que la Procuraduría de la República ratifique la ilegalidad de ese pago.
Más recientemente, el viceministro de Paz, Victor Barrantes Ruiz anunció que solicitó personalmente al Ministerio de Justicia que se rebaje su incentivo de un 65% a 45%, hasta que la Procuraduría aclare si se le puede pagar la prohibición, siendo licenciado en Derecho pero sin estar incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica. De confirmarse que el plus se le otorgó ilegalmente, Barrantes tendría que devolver más de ¢30 millones.
EL MUNDO intentó contactarse con Gina Paniagua para consultar los motivos por los cuales no ha devuelto los dineros que cobró ilegalmente, sin embargo, no fue posible ubicar un medio de contacto con ella.
El 23 de febrero del 2017, en el Museo Nacional, el Presidente de la República dijo que los sobrepagos a sus viceministros no eran actos de corrupción, pues estos fueron detectados y devolvieron o hicieron gestiones para regresar los recursos.
