San José, 21 ago (elmundo.cr) – El expresidente costarricense Óscar Arias Sánchez logró superar con éxito un nuevo intento de extorsión lanzado en su contra por dos mujeres, Aida Luz de la Trinidad Ramírez Rodríguez y su hija, la abogada Karla Marcela Rojas Ramírez, que pretendieron cobrarle 25 millones de colones a cambio de silenciar un supuesto—y falso—abuso sexual.
La fallida extorsión fue oficialmente denunciada el 25 de marzo de 2019 por Arias y su equipo de defensa ante la representación del Ministerio Público en Pavas.
La denuncia fue planteada a raíz de que Rojas visitó el 22 de marzo de 2019 a miembros del equipo de defensa de Arias y le explicó claramente que la única pretensión de su madre era obtener 25 millones de colones para evitar presentar un caso de presunto abuso sexual.
La abogada Rojas autorizó en ese encuentro que la conversación fuera grabada por el integrante del equipo de defensa de Arias. Con ese documento y su transcripción como pruebas, la acusación por extorsión en contra de Rojas fue elevada el 25 de marzo de 2019 al Ministerio Público.
Rojas admitió repetidamente que a su madre solo le interesaba el dinero.
Cuando la defensa legal de Arias consiguió que el Ministerio Público aceptara efectuar una diligencia con billetes debidamente marcados para demostrar la extorsión de Rojas, el procedimiento fue contaminado con una sorpresiva filtración previa a un medio costarricense de comunicación.
Ante esa circunstancia que perjudicó la pesquisa, el Ministerio Público archivó el proceso.
Aunque ejercieron un fuerte asedio para tratar de obtener el dinero, ninguna de las mujeres consiguió ni un centavo de lo que se convirtió en una malograda intención.
Ramírez, madre de la abogada Rojas, se inventó una historia de que Arias pretendió abusarla sexualmente.
El Código Penal de Costa Rica estableció que será reprimida con pena de prisión de cuatro a ocho años a la persona que, para procurar un lucro, obligue a otra, con intimidación o con amenazas graves, “a tomar una disposición patrimonial perjudicial para sí mismo o para un tercero”.
Arias se sometió en 2019 a la vía judicial y salió exonerado de dos demandas que fueron presentadas en su contra sobre otros presuntos abusos sexuales.
Los cuestionados nexos
Ramírez, sin embargo, está coincidentemente vinculada con el asesinato de la dominicana María Magdalena Luriano, de 26 años, ocurrido el 28 de marzo de 2002 en un asalto a una casa de habitación propiedad del estadounidense Eldrrygg Suggs, de 62, en Residencial Los Arcos, Heredia.
A pesar de que fue plenamente identificada por los tres ejecutores del asesinato como la autora intelectual de ese hecho, Ramírez consiguió eludir cualquier responsabilidad judicial por ese acto. Luriano falleció desangrada por tres lesiones en el cuello con arma blanca.
De acuerdo con ese proceso judicial, Ramírez fue señalada oficialmente como presunta autora intelectual de homicidio, privación de libertad y robo agravado.
Los autores materiales del homicidio de Luriano, identificados como Wálter Barboza Valerín, costarricense, Felipa del Carmen Salazar Suárez, nicaragüense, y Óscar (alias “Coquito”, menor de edad y costarricense), confesaron que actuaron bajo las instrucciones de Ramírez.
No obstante, la autoridad representante del Ministerio Público liberó a Ramírez de las responsabilidades de ser testigo sospechosa. En un inicio, Ramírez figuró como acusada de los tres supuestos delitos y al final se libró de ser condenada.
Barboza, Salazar y “Coquito” fueron sentenciados, cada uno, a 27 años de cárcel: 20 por homicidio calificado, 5 por robo agravado y 2 por privación agravada de libertad.
Suggs estaba jugando golf en el momento del asalto y cuando regresó a la vivienda fue sorprendido por los asaltantes. Aunque salió con vida del ataque, permaneció maniatado y amordazado durante unas 11 horas, según los registros oficiales.
Los delincuentes creyeron que el estadounidense había muerto, pero como sobreviviente se convirtió en el principal testigo y reveló todos los detalles del mortal incidente.
Al momento del asesinato, Barboza tenía 22 años y Salazar tenía 37. El tercer implicado fue un menor de edad, conocido con el alias de “Coquito” y de 17 cuando se produjo el crimen.
De acuerdo con la versión policial, Salazar quedó embarazada en una relación sentimental con Suggs, quien le pidió que abortara. Suggs ya mantenía en ese momento un vínculo amoroso con la dominicana.
Como supuesta consejera espiritual, Ramírez recomendó a Salazar que se vengara y saqueara la mansión de Suggs, por lo que la nicaragüense, en asocio con Barboza y “Coquito”, ejecutaron el asalto y sustrajeron gran cantidad de artículos propiedad del estadounidense.
La mayoría de esos bienes fue decomisada por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en la casa de Ramírez en Guadalupe, San José, en abril de 2002, lo que acrecentó las sospechas policiales y judiciales en el evidente involucramiento de la mujer.
Un factor que emergió como elemento crucial vinculante y coincidente en torno a Ramírez para salir airosa de los dos casos fue el papel de la abogada costarricense Emilia Navas en la frustrada maniobra de extorsión al expresidente Arias y en el asesinato, asalto y robo en la residencia de Suggs.
Cuando se registró la muerte de la dominicana, Navas era fiscal coordinadora de homicidios en Heredia. En el caso de la extorsión al exgobernante, Navas ya se desempañaba como fiscal general de la República.
