San José, 08 may (elmundo.cr) – El exdirector de la Oficina Jurídica de la Universidad de Costa Rica (UCR), David Fallas, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el rector de la institución, Carlos Araya Leandro, por supuestas irregularidades vinculadas con la aprobación del Régimen Salarial Académico (RSA) y otras decisiones relacionadas con el tema salarial.
En el documento, dirigido al fiscal general Carlo Díaz, Fallas solicita una investigación contra Araya y varios integrantes actuales y pasados del Consejo Universitario (CU), quienes votaron a favor del RSA “sin que contase con estudios técnicos que acreditaran la sostenibilidad financiera del mismo”, dio a conocer el Semanario Universidad.
Entre las personas señaladas figuran los actuales miembros del CU Eduardo Calderón, Jaime Caravaca y Patricia Fumero (quien además funge como directora del órgano), así como los exconsejeros Germán Vidaurre, Carmela Velásquez, Natasha García y Valeria Bolaños.
“En una investigación periodística difundida este año se deja entrever que el Reglamento en mención podría haber sido aprobado como forma de catapultar a Carlos Araya Leandro para que alcanzase el cargo de rector de la UCR y que hay personas que votaron a favor de ese reglamento para beneficiarse a sí mismas”, señala Fallas en su denuncia.
El exdirector plantea que, de comprobarse estos hechos, los implicados podrían haber incurrido en delitos como legislación o administración en provecho propio, tráfico de influencias, reconocimiento ilegal de beneficios laborales e influencia contra la Hacienda Pública, todos ellos tipificados en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N° 8422).
La denuncia también apunta a dos resoluciones emitidas este año por el rector Araya: la R-13-2025 y la R-75-2025. La primera, según Fallas, “abre la puerta” a que personas sin cambios de puesto posteriores al 10 de marzo de 2023 —fecha en que entró en vigor la Ley Marco de Empleo Público— sean trasladadas al RSA, lo cual contravendría la legislación vigente. A juicio del denunciante, esta resolución podría ser constitutiva del delito de prevaricato.
Respecto a la resolución R-75-2025, Fallas señala que permitía un aumento salarial para 22 puestos administrativos de confianza nombrados directamente por el rector, sin respaldo técnico. Esta medida fue posteriormente revocada por Araya tras cuestionamientos internos y presión pública.
“Formulo la presente denuncia para que se investigue el proceder del rector […] y se determine si medió algún delito al promulgar el Reglamento del Régimen Salarial Académico, así como las resoluciones R-13-2025 y R-75-2025”, concluye el texto presentado ante el Ministerio Público.
