San José, 23 nov (elmundo.cr) – El Informe del Estado de la Nación 2023 señala los efectos negativos que ha traído para el país el estilo de gobernar del presidente de la República, Rodrigo Chaves.
Según el informe “la combinación de un estilo de conducción de los asuntos de gobierno basado en el antagonismo del Poder Ejecutivo con el Legislativo, el Judicial y otros actores sociales, así como la apuesta por coaliciones no ganadoras, pero sí tácticamente funcionales, procura crear los aliados mínimos indispensables, dentro y fuera de la política, para desencadenar una secuencia de conflictos entre poderes y fuerzas sociales”.
El entrabamiento y choque entre los poderes de la República ha generado efectos negativos en materia de productividad legislativa, control de constitucionalidad y contrarrespuestas de los actores debido a la vulneración de libertades por parte del Ejecutivo.
“La estrategia gubernamental parece haber cosechado éxitos de corto plazo, pero también se han ido aclarando sus limitaciones como método eficaz para obtener resultados de política pública“, indica el informe.
Además menciona que la aprobación ciudadana al Gobierno se mantiene en niveles comparativamente altos y aunque da señales de erosión lo hace a un ritmo menor.
Aunque el Ejecutivo ha modificado arreglos de política pública de larga data como los convenios con la Fundación Omar Dengo y la Coalición de Iniciativas de Desarrollo Económico (Cinde), otros de los cambios que ha tratado de implementar se han visto “subordinados a la legislación aprobada por la Asamblea Legislativa y sujetos a los controles de constitucionalidad y legalidad del Poder Judicial y a las agencias de rendición de cuentas horizontal”.
Ante esto la estrategia gubernamental la han logrado aplicar a un ámbito reducido de asuntos públicos que son competencia directa del Poder Ejecutivo, donde el espacio de maniobra es reducido y objeto de múltiples controles.
“Por otro lado, en el ámbito legislativo, las coaliciones reducidas mencionadas no alcanzan para ser coaliciones mínimas ganadoras y se quedan cortas para impulsar agendas políticas de mayor calibre”, agregan.
De igual forma, dejan claro que para el caso de Costa Rica al no existir la reelección presidencial sucesiva y el hecho de que la conformación parlamentaria surja de elecciones concurrentes a las elecciones presidenciales en primera ronda y la ausencia de elecciones de medio período implica que un presidente no puede ampliar sus poderes “tirando los dados otra vez” sino que debe trabajar con la distribución de fuerzas constituida al inicio de su gestión y lidiar con el hecho de que su influencia se irá diluyendo conforme se acerque al término de su gestión.
También hacen referencia a que el presidente tiene limitada su influencia en la composición de la Corte Suprema de Justicia con el nombramiento de nuevos magistrados pues para eso necesita mayorías parlamentarias que no ha logrado.
Chaves también se enfrenta a otras limitaciones de carácter coyuntural, con una fracción oficialista reducida e internamente dividida, la carencia de una estructura de partido propia y las investigaciones sobre el financiamiento de la campaña electoral, que avanzan tanto en sede parlamentaria como judicial, dificultan los intentos por ampliar los apoyos a la gestión del Ejecutivo, más allá de las coaliciones mínimas funcionales.
La estrategia de gobernar de Chaves empieza a tener consecuencias sobre la gobernanza del sistema político, y pareciera tener efectos sobre la estabilidad del mismo Poder Ejecutivo.
Producto de su estilo confrontativo y su intento de centralizar el poder en la Presidencia de la República ha estado asociado a una fuerte inestabilidad en el Ejecutivo. “La administración Chaves Robles es la que más piezas ha perdido en un primer año de gobierno durante el período 1978-2023”.
Esto ha llevado a otros actores sociales y políticos a recurrir a la Sala Constitucional en defensa de sus libertades y protección de sus derechos, como en los siguientes casos: Parque Viva, intromisión en decisiones del PANI, decreto de vacunas, decretos sobre refugiados, miembros de la Junta Directiva de la CCSS.
El conflicto de Chaves con algunos medios de comunicación ha ocasionado un aumento significativo de recursos de amparo en materia de ataques a la libertad de prensa y de expresión.
“En las circunstancias políticas actuales, la Administración Chaves Robles está tratando de maximizar las herramientas políticas de las que dispone; asimismo, intenta ampliar sus márgenes de acción, al tiempo que los otros poderes estatales y actores sociales están conteniendo esos impulsos por las vías constitucionales e institucionales”, subrayan.
En el informe se platea una hipótesis en torno a este escenario y es que “la combinación entre entrabamiento y conflicto entre poderes, producto del estilo antagonista y las alianzas mínimas, pueden estar minando aún más las bases de la gobernanza política”.
Mientras esto ocurre “la capacidad de la democracia costarricense para desarrollar políticas públicas que amplíen las oportunidades y servicios que demanda la ciudadanía sigue alejada de las expectativas de la población”.
