San José, 7 oct (elmundo.cr) – La Contraloría General de la República (CGR) destapó este jueves una serie de irregularidades que involucran el proceso de diseño y construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa.
La investigación se llevó a cabo, luego de que el diputado Otto Guevara del Movimiento Libertario denunciara una serie de irregularidades en el pago que se efectuó al arquitecto Javier Salinas, electo para diseñar la nueva sede del Primer Poder de la República.
Por esos planos iniciales, que consistían en levantar la nueva estructura por encima de la actual sede del Congreso en Cuesta de Moras, se le pagó a Javier Salinas un total de 1,16 millones de dólares, (626,4 millones de colones) de los cuales 40% se le pagaron una vez aceptados los planos por parte del Fideicomiso y el 60% restante, una vez hubiese obtenido el visado de planos por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y los demás permisos, incluidos los de la SETENA y el visto bueno del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC).
Si bien para el diseño inicial se lograron obtener todos los permisos la oficina de Patrimonio del Ministerio de Cultura denegó su visto bueno, alegando que el diseño opacaría la vista de otros edificios legislativos que están declarados como patrimonio arquitectónico, además del cuartel Bellavista (sede del Museo Nacional).
La Contraloría detectó que a Salinas se le giraron, de forma incorrecta, $690.000 dólares del tracto de $1,16 millones de dólares correspondiente a los planos, pues estos solo podrían dársele si hubiese obtenido todos los permisos, incluido el visto bueno de Patrimonio, lo cual no ocurrió.
Fue precisamente la negativa de Patrimonio la que obligó a variar el diseño de lo que será la nueva sede del Congreso, con el fin de ubicarlo en una sola cuadra en los antiguos apartamentos Lahm y hacerlo un edifico vertical de 21 pisos, cuatro de ellos subterráneos.
Para el diseño del nuevo edificio, Javier Salinas fue contratado de forma directa. En total, sus honorarios por ese segundo trabajo alcanzaron los $5,1 millones de dólares, los cuales si se suman a los $2,18 millones de dólares que obtuvo por el primer diseño, elevan sus honorarios a $7,28 millones de dólares, equivalentes a 3931 millones de colones.
LAS IRREGULARIDADES. El informe de la Contraloría General de la República (CGR) encontró que entre el 2012 y hasta el 30 de junio de 2016, se han tramitado 34 contrataciones de bienes y servicios, por las cuales se han desembolsado ¢3418 millones de colones con cargo al Fideicomiso, suscrito entre la Asamblea Legislativa y el Banco de Costa Rica.
En tres de esas contrataciones, que fueron tramitadas entre el 2014 y el 2016 bajo el procedimiento de contratación directa y fondo de trabajo, la Contraloría no encontró evidencia de la elaboración y formalización de un contrato.
Se trata de un estudio de verificación del diseño estructural de acuerdo a respuesta sísmica en el año 2014, por el cual se pagaron $54.800 dólares (¢295 millones de colones); además, ¢589.488 colones por preparación de documentos y servicio de digitalización y otros ¢762.180 colones por publicaciones, todo ello sin que hubiera un contrato que lo respaldara.
Asimismo, la Contraloría encontró que tres proveedores que recibieron recursos a raíz de este proyecto, estaban morosas o ni siquiera registradas ante la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), pese a que ello es requisito para poder suscribir contratos con el Estado.
El informe prueba que no hubo evidencia que permita demostrar que el Banco de Costa Rica (BCR) hubiese efectuado dicho control.
De este modo, la empresa que desarrolló el estudio geotécnico del proyecto y por el cual se le pagó $19.500 dólares el 14 de junio de 2013, aparece como morosa ante la CCSS. Otra recibió un pago de $4000 dólares por el plan de manejo de tránsito y plano geométrico funcional el 18 de abril del 2016, pese a que estaba morosa con la Caja y finalmente, el 25 de abril del 2016, se le pagó a otra empresa la remoción del mural de cerámica Adolfo Sáenz un total de ¢1 millón de colones, pese a que no estaba inscrita ante la CCSS.
La tercera de las irregularidades fue que cuatro contrataciones por invitación, no se gestionó ni solicitó la respectiva garantía de cumplimiento.
En dicha irregularidad se ven envueltas la empresa que desarrolló el estudio geotécnico por $19.500 dólares; la que desarrolló el estudio geotécnico complementario fase II por $54.437 dólares, una tercera que desarrolló estudios geotécnicos adicionales por $34.600 dólares y finalmente, otra para el desarrollo de un estudio geotécnico especializado para el nuevo edificio por $32.868 dólares.
La cuarta irregularidad detectada por la Contraloría fue que la Unidad Administradora del Proyecto aprobó en 14 contrataciones, adelantos de dinero sin el rendimiento de una garantía colateral.
Ese fue el caso del estudio geotécnico de $19.500 dólares por el cual se adelantó el 30%; el estudio geotécnico fase II por $53.437 dólares con un anticipo del 30%; el segundo levantamiento topográfico de $8000 dólares con un adelanto del 50%; la elaboración de diseño, planos constructivos y especificaciones técnicas por $23.100 dólares, con un adelanto del 50% y las obras de servicios de diseño por $3,3 millones de dólares al que se dio un anticipo del 15%.
El quinto hallazgo hecho por el entre contralor fue que el Banco de Costa Rica (BCR) no realizó la retención del impuesto sobre la renta del 2% del producto bruto, sobre las operaciones canceladas a los contratistas sujetos a este impuesto.
El Banco afirmó que al fideicomiso no le aplica lo estipulado en la Ley sobre el impuesto de la renta, por lo tanto no está obligado a actuar como agente retenedor de ese tributo, pese a que en el 2015, la Dirección General de Tributación afirmó que sí está obligado a retener ese 2%.
La sexta anomalía encontrada fue que el Comité de Vigilancia del Fideicomiso no ha cumplido a cabalidad con su deber de vigilancia y fiscalización del mismo.
Esto pues la Contraloría no pudo confirmar que ese comité hubiese participado en el análisis de los informes financieros e informes de gestión del proyecto, no efectuó una valoración de las evaluaciones efectuadas por la auditoría interna y externa sobre el fideicomiso y no adoptó acuerdos dirigidos para la atención y seguimiento oportuno y efectivo de temas críticos o relevantes para el desarrollo del proyecto.
Inclusive, el informe reveló que durante cuatro meses, de febrero a mayo del 2015, el Comité no sesionó ni una sola vez, a pesar de que existía continuidad en la ejecución del proyecto y se adoptaron decisiones importantes para su desarrollo.
La sétima irregularidad encontrada es que a la fecha, no se ha llevado a cabo la contratación de una empresa para la supervisión técnico–administrativa del proyecto. Los documentos suministrados a la Contraloría afirman que dicha tarea la asumió la Unidad Administradora del Proyecto, lo cual constituye un incumplimiento de los términos pactados en el Contrato de Fideicomiso, pues la Asamblea Legislativa y BCR no suministraron una modificación al contrato de fideicomiso, respecto a esta obligación.
Seguidamente y como octava irregularidad, la Contraloría afirmó que el archivo de la información no garantiza la trazabilidad de las actividades ejecutadas y su acceso oportuno. Esto por cuanto tuvieron que revisar 60.000 folios en tres expedientes distintos, todos ellos desordenados e incompletos.
“A manera ejemplo, la documentación original soporte de los pagos realizados con cargo al Fideicomiso desde el inicio de operaciones en el 2012 y hasta el mes de abril del 2016, se encuentra archivada por día y en forma conjunta con las transacciones efectuadas para toda la cartera de fideicomisos en los que participa el BCR”, afirma el informe
Las últimas de las irregularidades detectadas son el pago indebido al arquitecto Javier Salinas por $690.000 dólares, los cuales sólo debieron dársele una vez hubiera obtenido los permisos correspondientes ante las autoridades públicas con competencia en la materia.
“El BCR pagó el equivalente al 60% restante del precio del contrato, a pesar de que en definitiva la denegatoria del permiso por parte del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC), hacía imposible tener por cumplida la obligación del contratista y al mismo tiempo impedía la recepción a conformidad del objeto”, declaró la Contraloría.
http://www.elmundo.cr/contraloria-detecta-pago-irregular-690-000-arquitecto-diseno-nueva-sede-la-asamblea-legislativa/
