San José, 18 nov (elmundo.cr) – El informe del Programa Estado de la Nación (PEN) 2020, evidenció que la democracia costarricense se enfrentó a la mayor amenaza que el país ha experimentado desde la década de 1940.
Se indicó que esto es producto de la pandemia que enfrenta el país que ha planteado, también, una grave amenaza a la convivencia entre partidos, organizaciones sociales e individuos.
El informe reporta que, en los meses posteriores al inicio de la pandemia, el Gobierno ha logrado establecer acuerdos con varios partidos de oposición, lo que logró la creación de una mayoría suficiente para aprobar legislación relevante; generando que la protesta social disminuyera significativamente su intensidad, especialmente la más confrontativa, y se fortaleció la legitimidad del sistema político, entendida como el apoyo de la ciudadanía a la democracia.
Sin embargo, el informe subraya la fragilidad y volatilidad de la situación actual debido a los fundamentos de la dinámica política en Costa Rica desde inicios de siglo.
Asimismo, en el informe se afirma que la pandemia encontró al Poder Judicial haciéndole frente a una severa crisis de gobernanza y en el caso de la atípica productividad legislativa se señala como causante el “debilitamiento de actores parlamentarios que sistemáticamente sometían a veto los acuerdos entre los gobiernos y los sectores de la oposición, ya fuera por la desaparición de sus representantes en el Congreso, su debilitamiento extremo o el haberse convertido en fracción contraria al Gobierno”.
En relación con las protestas, el informe señala que durante el segundo año de la Administración Alvarado siguió el patrón registrado por el Gobierno en el 2014-2018; además, indicaron el 2019 fue un período de menor conflictividad que el 2018.
Según señala el medio Amelia Rueda, Leonardo Merino, coordinador de investigación del PEN, indicó que “esta administración es la segunda con más protestas sociales en sus primeros dos primeros años desde que lo registramos en 1992”.
“Entre 2018 y 2019 la cantidad solo se compara con la coyuntura del Combo del ICE a inicios de siglo”, agregó.
En 2018 se había registrado el segundo mayor nivel de conflictividad social durante un primer año de gobierno desde que se tiene un registro sistemático sobre el tema; hubo 458 acciones colectivas, que lo ubican, además, por encima del promedio anual de 374 movilizaciones.
De igual manera, señalaron que en el 2019 el “pico” estacional de las protestas estuvo asociado a los tres eventos que movilizaron a la población durante el periodo en estudio:
- Presiones para lograr la destitución del ministro de Educación Edgar Mora
- Rechazo a la entrada en vigor de la reforma tributaria aprobada en 2018
- Oposición a dos proyectos de ley: el de Regulación de huelgas (expediente 21.049) y el de la Reforma al empleo público (expediente 19.431).
La mayor cantidad de movilizaciones realizadas en el 2019 fueron protagonizadas por trabajadores pertenecientes en su mayoría al sector público, aunque también hubo una importante participación de trabajadores del sector privado.
Los bloqueos de carreteras fueron el modo de protesta más recurrente, entre 2013 y 2019 (con excepción de 2014), seguido de los mítines y las marchas, todos ellos clasificados como modalidades confrontativas de acción colectiva; mientras que las acciones menos utilizadas fueron aquellas cuyas formas de expresión eran más moderadas: declaraciones públicas, paros y, en menor medida, reuniones con autoridades.
