Vecinos de la localidad enviaron esta mañana imágenes a EL MUNDO, donde se aprecia la acumulación de basura esparcida en el piso dentro del establecimiento, a pesar de que hace escasos días la Contraloría Ambiental señaló que la compañía debe cumplir con el decreto 36093-S, el cual impide ese tipo de acciones. LEA TAMBIÉN: Contraloría Ambiental exige a Salud intervenir estación de transferencia de basura en Montecillos
El Minae ordenó no solo la intervención del Área Rectora de Salud 2, sino que también le dio un plazo de tres días naturales desde la notificación, ya que de no acatarse el pronunciamiento procedería a remitir el expediente al Ministerio Público, por el supuesto incumplimiento de deberes.
Según el oficio CA-2018-018-SITADA-8057, del 20 de febrero anterior, el contralor ambiental, Walter Zavala Ortega, le hizo ver a Salud que la empresa debe cumplir con el reglamento que impide dejar los desechos sólidos en el suelo, e incluso la transferencia debe ser inmediata de vehículo a vehículo.
Aunado a ello, el ente contralor indicó que el traslado al relleno sanitario se debe realizar el mismo día, para así evitar la permanencia de basura durante la noche.
También exige que la estación le remita a su representada un plan operacional que incluya el recibido de los residuos, la transferencia y el traslado al relleno sanitario.
Asimismo, se le solicitó al área rectora remitir el informe correspondiente a la Contraloría Ambiental, de la atención y resolución de la denuncia.
La Contraloría Ambiental del Ministerio de Ambiente y Energía apercibió al director del Área Rectora de Alajuela 2, Ronald Mora, o a quien ocupe el cargo, sobre las consecuencias de omisión, retardo o defectuoso cumplimiento de lo señalado.
En caso no cumplir con el mandato, el funcionario podría incurrir en los delitos de desobediencia a la autoridad e incumplimiento de deberes castigados por los artículos 314 y 339 del Código Penal.
Como parte de los hallazgos del Minae, se habría comprobado que no hay concordancia entre la cantidad de basura recibida con la que es enviada a diario al relleno sanitario, en Miramar de Puntarenas. LEA TAMBIÉN: Minae halló acumulación de basura en estación de transferencia de Montecilllos
El informe de investigación, del 19 de febrero pasado, dio a conocer que el 16 de noviembre la estación al parecer recibió un total de 415.34 toneladas, mientras que habría trasladado 489.03 toneladas, es decir 73.69 toneladas de residuos más.
Para la Contraloría Ambiental es “claro” que existe un remanente de desechos acumulados de fechas anteriores, los cuales habrían sido enviados el día señalado (16 de noviembre).
Aunado a ello, el 17 de noviembre la estación recibió un total de 471.13 toneladas y envió 272.85, lo que deja un saldo de 198.28 toneladas de residuos acumulados, según la investigación.
Al respecto, Karina Garita Montoya, directora de la Dirección Regional de Rectoría de Salud Central Norte, explicó en una entrevista que a la empresa no se le había aplicado el decreto 36093-S, es decir permanecía exonerada, porque la estación de transferencia empezó a funcionar cuando el mismo no estaba en vigencia.
El decreto anterior permitía que la compañía depositara los desechos en el suelo, sin embargo, dicho plazo ya se habría cumplido, por lo que actualmente Lubera RBL tendría que tomar las medidas correctivas y cumplir con el ordenamiento jurídico, tal y como lo señaló Garita.
Posterior a esa entrevista, el 2 de marzo anterior este medio de comunicación le consultó al Ministerio de Salud qué acciones ha tomado desde el pronunciamiento del Minae, sin embargo, a la fecha aún se tramitan las respuestas, tal y como informó esta mañana la oficina de prensa de la entidad.
Hace aproximadamente un mes y medio, la Municipalidad de Alajuela le trasladó una denuncia de un comité de vecinos al Ministerio de Salud, debido a la supuesta presencia de malos olores y moscas en la zona, pero a la fecha no habría recibido respuesta alguna. LEA TAMBIÉN: Municipalidad y Salud se contradicen por problemas de basura en Alajuela
Sin embargo, por el lado del ministerio, la directora de la Dirección Regional, aseguró que no tienen ninguna denuncia de la municipalidad, ni tampoco se registra en los expedientes.
“Lo que tenemos en los tres niveles de gestión es una denuncia interpuesta por el comité de vecinos en noviembre pasado, que lo presentó directamente con nosotros y le hemos estado dando respuesta”, comentó.
García rechazó que Salud haya concedido un permiso para que la empresa a cargo del almacenamiento y traslado de la basura pueda operar 24/7, y más bien responsabilizó de ello a Setena, que sería la entidad encargada de otorgar una ampliación de horario con la viabilidad ambiental.
Posición de Lubera RBL
La compañía a cargo de la estación de transferencia manifestó ser respetuosa del Estado de Derecho y el Ordenamiento Jurídico de Costa Rica, al tiempo que aseguró contar con el permiso sanitario de funcionamiento por parte del Ministerio de Salud, hasta el año 2022, así como con la viabilidad ambiental de Setena, “vigente y sin plazo de vencimiento”.
“Ambas instituciones han autorizado, en varias oportunidades, el proceso operativo de la estación de transferencia, mismo que fue aprobado desde antes de que se emitiera un Decreto que regula y autoriza otro tipo de procedimientos. Tenemos derechos adquiridos y así se ha reconocido por las distintas autoridades.
“A lo largo de los casi 7 años de funcionamiento, en reiteradas oportunidades hemos sido visitados por autoridades de diversas Instituciones para revisar y valorar la forma en que hemos estado operando y siempre se ha verificado el correcto apego a las regulaciones y autorizaciones que nos han otorgado para nuestra operación”, expresó la empresa.
Sobre las órdenes que giró el Minae al Ministerio de Salud, procurando que “dicha autoridad modificara las autorizaciones brindadas”, Lubera RBL considera que la actuación de la Contraloría Ambiental es “desmedida” y supone un “abuso” de su competencia.
“Hemos formulado las impugnaciones que el Sistema de Derecho nos permite. No hemos recibido ninguna orden sanitaria que nos impida operar ni que nos obligue a cambiar la forma de hacerlo”, agregó.
La empresa afirmó que en el pasado ocurrió esta situación, empero, luego de impugnaciones legales, se habría determinado que “la razón y el derecho” le asistía.
Por ese motivo, de ser necesario la compañía se defendería de cualquier nueva actuación oficial, “siempre confiando en la ley y en el buen servicio que ha venido brindando”.
“Lo más impórtate es que nunca ha habido daño ambiental de ninguna naturaleza, los residuos nunca permanecen más de 24 horas en el sitio y más bien, gracias al servicio que se brinda, muchas municipalidades y comunidades han logrado resolver sus acostumbrados problemas con el traslado de residuos hacia sitios autorizados para la disposición final”, concluyó.