San José, 11 may (elmundo.cr) – El Dr. Alfredo Chirino Sánchez, miembro del Consejo Científico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), señaló que es muy importante que se realice un debate sobre el proyecto 23.090, ley contra la delincuencia organizada, antes de que sea aprobado por la Asamblea Legislativa.
El Dr. Chirino indicó en El Mundo Radio (91.1 FM) que el “proyecto (23.090) que se está tratando de tramitar en la Asamblea Legislativa a pasos agigantados, cosa que me parece que en materia legislativa y en un tema tan delicado como este requeriría un debate más reposado y por supuesto en un debate donde todas las voces que tuvieran que decir algo pudieran decirlo”.
“Me parece que uno no puede anteponer vigencias de carácter procedimental frente a disposiciones legislativa que podrían entrar en vigencia como es el proyecto 23.090, trayendo a una jurisdicción y por supuesto a quienes tengan que litigar en el campo del crimen organizado una serie de problemas y dificultades”, agregó.
Pues insistió en que “el proyecto 23.090 entre otras cosas remite a una serie de normas que están en este momento cuestionadas precisamente porque la sucesión de leyes que nos ha tenido en esta situación de incerteza jurídica siguen parcialmente vigentes, entre ellas una con la ominosa circunstancia que mencionaba ayer mi colega don Fabián Volio, como un carro de un tren que nunca salió de la estación, que es precisamente la disposición que indica que la ley entra en vigencia una vez estén los recursos necesarios para que la misma pueda ser implementada por el Poder Judicial”.
“No se trata de decir que combatir el crimen organizado no sea una tarea urgente del Estado y una tarea urgente del Poder Judicial, ni tampoco se trata de decir aquí que los analistas estamos opuestos de que las personas que merecen estar en prisión preventiva lo estén o que sean juzgadas con todo el peso de la ley, nada de eso está en este comentario, este comentario va dirigido precisamente para blindar a la legislación que eventualmente Costa Rica emita contra no solo aplicaciones incorrectas y absolutamente alejadas de principios básicos del derecho penal, como es el principio de retroactividad, sino también que no entren a extender prisiones preventivas con criterios que absolutamente serían irrealizables desde un punto de vista de interpretación y argumentación jurídica conforme a principios institucionales”, sostuvo.
Para el Dr. Chirino “si llegara alguno de estos casos y agotara las vías internas costarricenses y llevara este caso a la Comisión Interamericana y luego ante la Corte tiene todas las posibilidades de todos los vicios de que este asunto va ser atendidos por la Corte y no de manera halagüeña para los intereses del país”.
“Es muy grave que pongamos al país en un riesgo de esta situación simplemente por imponer criterios de oportunidad política antes de criterios de normatividad, de constitucionalidad, que son los que siempre han imperado en el debate nacional”, aseguró el Dr. Chirino.
