San José, 22 jun (elmundo.cr) – Los empresarios y propietarios de la marca Arteria, han sido víctimas de plagio desde que crearon su marca en el 2007, pese a tener esta inscrita en el Registro Nacional.
Por ello, aseguran que es dicha institución, la responsable del plagio, pues no protegen como deberían a las Pymes.
“El Registro Nacional es responsable de defender la propiedad intelectual, pero no hace nada para que se apliquen las leyes en esta materia; a pesar de que nuestro modelo económico pretende reducir la pobreza e incentivar la inversión, impulsando a las personas a desarrollar nuevas empresas y negocios”, indicó Carlos Mena, copropietario de la marca.
De acuerdo con los empresarios, ya se han hecho denuncias formales, sin embargo, las causas siguen abiertas a pesar de que el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ya tiene pruebas.
Y es que este es un problema que se presenta en el país desde hace varios años, por ejemplo, entre el 2009 y el 2014, la Sala Tercera recibió 7858 casos, de los cuales un 58%, es decir, más de la mitad, corresponden a denuncias interpuestas específicamente por falsificación de señas y marcas.
Según Mena, el Estado costarricense es incongruente en esta materia: por un lado elabora y promueve programas y políticas para el desarrollo de las pymes y por otro, no ejecuta correctamente las leyes existentes para que esas empresas se vean efectivamente respaldadas y protegidas.
“En las afueras del mismo Registro Nacional, en Zapote, pululan los puestos callejeros con mercadería pirata: música, películas, ropa y accesorios. Suena paradójico pero todas estas ventas ilegales ocurren a vista y paciencia de quienes se supone velan por los derechos de los costarricenses en materia de propiedad intelectual”, señaló Mena.
Mena agregó que son las pequeñas y medianas empresas las que más aportan a la economía del país, pero están desprotegidas ante aquellos que compiten copiando.
“En este país los ciudadanos que deseamos innovar, proponer, aportar a la economía nacional y generar empleo no tenemos garantía de que se respete nuestro derecho de propiedad intelectual porque en la aplicación de justicia se actúa de forma negligente o se minimiza el valor de nuestro intelecto al precio de nuestro producto terminado”, finalizó.
