San José, 19 sep (elmundo.cr) – La Sala Constitucional rechazó un recurso de amparo interpuesto contra la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, por su decisión de impedir que el plenario conociera los informes de una comisión especial que investigó una denuncia por presunto hostigamiento sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado Muñoz.
La sentencia N.° 33468-2026, dictada el pasado 1.° de setiembre y redactada por el magistrado Paul Rueda Leal, concluyó que el reclamo no acreditó una violación constitucional evidente que justificara la intervención del Tribunal.
El conflicto se originó en mayo de 2026, cuando Jiménez resolvió archivar el expediente relacionado con la denuncia interpuesta por la exdiputada y exasesora legislativa Marulin Azofeifa. La presidenta del Congreso argumentó en su momento que la Asamblea perdió la potestad sancionadora debido a que Alvarado ya no ostentaba su investidura como diputado tras finalizar el periodo constitucional anterior.
Asunto de legalidad ordinaria
En su resolución, la mayoría de la Sala determinó que el fondo del reclamo obligaría a examinar la interpretación y aplicación de normativa parlamentaria, un ámbito que corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa.
“El Tribunal recordó que la Constitución reconoce al Congreso la potestad de regular sus procedimientos, organización y funcionamiento”, señala el fallo. Por lo tanto, la Sala solo puede intervenir si existen violaciones claras a los principios constitucionales, una circunstancia que, según los magistrados, no se acreditó en este caso.
La sentencia aclaró que el archivo del expediente no constituye un pronunciamiento sobre el fondo de las acusaciones contra el exdiputado, ni determina si la actuación de la presidencia legislativa fue correcta bajo la normativa interna. El Tribunal subrayó que dicha discusión debe resolverse por las vías ordinarias correspondientes, sin impedir que la parte afectada formule reclamos en otras instancias.
Antecedentes del caso
La denuncia de Marulin Azofeifa, hecha pública a inicios de 2026, señalaba supuestos actos de hostigamiento sexual que habrían ocurrido desde la campaña electoral de 2018. La investigación legislativa generó una fuerte polémica en el Congreso, donde la defensa de la denunciante, liderada por los abogados David Delgado y Carolina Hidalgo, criticó el archivo del caso al considerar que dejaba en indefensión a la víctima y desalentaba futuras denuncias.
Por su parte, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, defendió en mayo que su decisión buscaba evitar decisiones carentes de legalidad y llamó a las fracciones a reformar el reglamento para cerrar los vacíos legales que impiden sancionar a exlegisladores.
