San José, 9 ene (elmundo.cr) –En una amplia entrevista, el director de Hidrotárcoles para el proyecto PH Capulín, Alvarado Mata, habló sobre el riesgo para el ICE de un nuevo arbitraje que podría costarle a la institución no menos de $300 millones, por supuestas irregularidades en los cambios de fecha de la entrada en operación de la planta hidroeléctrica.
La empresa reclama que el proyecto de 50 MW financiado con un crédito de $117 millones del Banco Nacional y de socios de Hidrotárcoles, tenía un acuerdo de entrada de operación en junio de 2017, que no estaría siendo respetado.
A continuación la primera parte de la entrevista con Mata:
¿Es el estado actual del Proyecto Hidroeléctrico Capulín San Pablo adjudicado al Consorcio Hidrotárcoles?
Para empezar, eliminemos el estribillo de consorcio, pues una vez ya adjudicado se genera una sociedad anónima. Eso era parte de los requisitos de la licitación, entonces ahora es Hidrotárcoles S.A., que es el desarrollador del proyecto. Nosotros venimos avanzando y al cierre del año pasado, llegamos a cerca del 50% de avance.
¿Es cierto que hay riesgo para el ICE de que ustedes planteen un arbitraje por el tema de los plazos en este proyecto?
La Decisión abrupta del ICE de cambiar la fecha, es decir el que ya no fuera julio de 2017, sino que es antes, esa decisión es la que hoy se está reclamando en los tribunales justicia.
Pero si el ICE en los próximos días resuelve (elimina) el contrato lo que generará es un nuevo arbitraje en el que ya no se reclamaría solo los sobrecostos de obra, sino que será una demanda de cientos de millones dólares. Es una demanda mucho más grande aún que la de PH Chucás, porque hay una serie de factores adicionales, porque están resolviendo el contrato sin justa razón.
“Ya se hicieron públicos los oficios donde el ICE acepta la fecha de inicio de operación en julio 2017, cómo le van a explicar a un Tribunal Arbitral esa contradicción, donde el mismo director del proyecto dice julio de 2017 y aparece en el Plan Nacional de Electricidad del ICE que va ser en julio de 2017 y tres meses después dice no va ser en julio de 2017, sino en agosto de 2015. ¿Cómo van a explicar eso?
¿Cuánto podría costarle al ICE, y por rebote a los costarricenses, un incumplimiento como el que se estaría configurando?
Es prematuro, no hemos hecho ese ejercicio, pero en ninguna forma sería inferior a $300 millones.
¿Por qué el ICE se expone a un nuevo arbitraje, ahora por Hidrotárcoles y el proyecto PH Capulín?
Porque en el 2015, no sé por qué, a pesar de que se había establecido la nueva fecha en julio de 2017, no sé por qué incongruencias, el mismo ICE llegó y dijo ‘no señores, les planteo una medida cautelar’, y exigió la entrega de la obra de nuevo para agosto del 2015, y estoy hablando del Departamento Legal del ICE, pero además, esa medida cautelar estaba mal hecho y la quitó a la semana, pero luego nos metió un proceso de resolución del contrato que no tiene ningún sustento, porque ellos nos habían dado la nueva fecha de entrada en operación comercial para julio de 2017.
¿Pero por qué se han dado atrasos, si el contrato original preveía que estaría listo en agosto del 2015?
En un primer momento, el proyecto tuvo atrasos imputables a la Administración Pública, se atrasaron dando permisos, concesiones y trámites administrativos. Esto generó un rezago que el ICE reconoció al variar la fecha en julio de 2017.
Por ello se acordó esta nueva fecha, que fue avalada por el ICE y así quedó documentada en varios oficios del ICE, que la incluyó en el Plan Nacional de Expansión de Energía, y cuando ya no había duda de que era en julio de 2017, vino el ICE y cambió su posición abruptamente, y dictó una medida cautelar de suspensión de la obra para la terminación del contrato. Esto generó un atraso gravísimo en la ruta crítica del proyecto, generó un atraso y sobrecostos que se han materializado y que son los que se están reclamando en un proceso judicial en este momento.
Cuando usted habla de atrasos administrativos, ¿a qué se refiere?
Principalmente a lo que fue el permiso de generación eléctrica, que lo tiene que dar la Aresep, eso trasladó un poco la fecha (originalmente pactada para agosto del 2015), así como permisos de tala de árboles para caminos de acceso, que también trasladaron la fecha. Nosotros conversamos con el ICE sobre esto y el ICE aprobó una nueva fecha de entrada de inicio de operación comercial, que fue julio de 2017.
¿En qué basarían los daños?
Nosotros como Hidrotárcoles teníamos un único contratista que estaba a cargo del 90% de la construcción del proyecto, porque Hidrotárcoles no construye, no es su experticia, para eso contrató a la empresa Hydrochina, y esa empresa en ese momento, nos había dado precios que habíamos pactado con ellos en un contrato, eso nos daba un valor del proyecto a escala. Al ser precios a escala, tienden a disminuir, además eran precios de hace tres años.
¿Y qué pasó con HidroChina?
Cuando en julio de 2015 el contratista general se da cuenta de esta incertidumbre legal que plantea el ICE, la empresa Hydrochina pregunta qué está pasando aquí, y se genera un ambiente de incertidumbre y desconfianza, y tuvimos que entrar en un proceso de ejecución muy lento, inclusive se suspendió el contrato con Hydrochina por un tiempo. Al decir el ICE que no iba a reconocer más costos en el proyecto ahí se entra en la incertidumbre, se suspende momentáneamente el contrato con Hydrochina para ver si Hidrotárcoles puede hacer entrar en razón al ICE del problema que estaba pasando, máxime que allí estaban todas las notas y documentos donde el ICE ya nos había avalado la nueva fecha de operación comercial (julio de 2017).
Pero el ICE no echó atrás.
No se pudo. Entonces entramos en una disyuntiva con el contratista general Hydrochina, que llegó y nos dijo ‘no señores, esto no se arregla y parece que va para largo y la verdad esto nos está generando costos porque no podemos tener una ejecución normal’. Entonces Hydrochina nos dijo que iban a solicitar la resolución del contrato.
Por la inseguridad jurídica que nos ocasionó el ICE, el contratista nos dice que lo tenemos que indemnizar y presenta un reclamo a Hidrotárcoles por el tiempo y la maquinaria que tenían, así como infraestructura, planos y personal que la cobran a Hidrotárcoles y nos generan un reclamo por varios millones de dólares, que estuvimos tratando de cerrar con ellos por un periodo de 11 a 12 meses para llegar a un finiquito razonable.
“A parte de eso, el proyecto entró en un proceso en donde se congeló, porque se había ido el contratista principal. Ahí fue donde como Hidrotárcoles tomamos la decisión de revivir la obra como tal, porque ya teníamos cosas hechas, así como los planos hechos.
Esto nos obligó a buscar nuevos contratistas, con nuevos montos que ya no eran precios del año 2014, (eso es parte del reclamo de los $110 millones que están en un contencioso), por eso se encarece la obra.
¿En qué estado se encuentra ese proceso por el que reclaman al ICE $110 millones por daños y perjuicios. ¿Por qué consideran que hubo daño y sobre todo, cómo justifican una suma de estas?
El proceso se encuentra esperando audiencia preliminar. Los daños y perjuicios que se cobran son la consecuencia del atraso y de la incertidumbre que generó al proyecto el cambio de fecha en cuanto a la entrega del mismo y la contradicción del ICE respecto de los oficios y lo que terminó diciendo que no era julio de 2017, para plantarse que era en agosto de 2015. Esa es la repercusión de lo que se está cobrando en este momento. A Parte se cobraría en un nuevo proceso arbitral un monto superior si ellos deciden disolver el contrato, eso implicaría otro daño.
Si había tantos oficios entre ambas entidades, ¿por qué se alega un incumplimiento de plazos?
Eso es lo que no entendemos. Por eso es que esto está en los tribunales. No tiene sentido
¿El ICE les dio alguna explicación?
No nos dio ninguna razón a pesar de que hay un montón de escritos, oficios y documentos que avalan esa fecha, y por eso es que esto está en los tribunales, eso que hizo el ICE no tiene sentido.
¿Cuánto dinero se ha invertido a la fecha?
A este momento llevamos alrededor de $126 millones. Eso es lo invertido hasta el día de hoy, para llevar el proyecto al 50%.
¿Cuál era el valor del proyecto inicial?
Cuando lo acordamos con el ICE, tomando en cuenta la fecha de entrada de operación en 2017, el valor era de aproximadamente $167 millones. Eso era antes de la situación del cambio de fechas del ICE.
¿Por qué se dan aumentos en los costos del proyecto y qué rubros se encarecieron?
Esta situación de incertidumbre que generó el ICE, donde se fue el contratista general, obligó a incluir otra serie de contratistas. Lo anterior hizo que se perdieran los precios iniciales que se habían pactado y soportar el pago de la indemnización que se tuvo que hacer. No es lo mismo pagar un paquete por una inversión, que tener que contratar a otras firmas en contratos más pequeños.
