San José, 6 jun (elmundo.cr) – El diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, fue enfático en que el sicariato debe tener pena máxima en Costa Rica.
Esto durante la discusión en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del proyecto 24047, Ley contra el sicariato en Costa Rica, que fue presentado a la corriente legislativa por el diputado de Nueva República, David Segura.
Alvarado recalcó que “desde nuestro punto de vista, si vale la pena, por lo menos reflexionar un poco más y analizar, la posibilidad de establecer el sicariato como un tipo penal nuevo”.
“En un país como el nuestro que se ha jactado de ser en algún momento el país más feliz del mundo, nadie quiere reconocer que tenemos un crecimiento exponencial y fuerte del sicariato, y de la cantidad de sicarios”, aseguró.
El diputado recalco que “es un fenómeno que va mucho más allá de que alguien ejecutó a otro porque le pagaron, ya hay agencias, ya los medios de comunicación y las mismas autoridades dan cuenta de agencias dedicadas a eso, donde incluso también se ha mencionado la participación de policías y expolicías dándoles capacitación a estas agencias de sicarios”.
“En cuanto al tema del reclutamiento, de la publicidad de la contratación, pues sí habría que valorar, porque creo que no se podría incluir en el apartado o en el artículo 112 del Código Penal en cuanto a homicidio calificado, que por reclutamiento, por contratación, o por capacitación, o publicidad, pues no se podría castigar con la misma pena propiamente la que se está castigando al que cometió el el homicidio”, sostuvo.
Por su parte el fiscal general, Carlo Díaz, manifestó que “yo celebró estas iniciativas, tal vez yo lo lo hacía por por una cuestión de simplicidad, lo mismo que está digamos en el tipo penal de sicariato, podría ubicarse en el que ya existe, sí me parece importante tal vez si quieren darle relevancia a este tipo de delincuencia entonces aumentemos la pena, o sea, ahí sí coincido plenamente con lo que dijo don Mario (Zamora)”.
“Pero es que sí le estamos poniendo la misma pena que ya existe, entonces dejémoslo en él, no hay ninguna ninguna modificación relevante lo podríamos dejar a como está, porque es la misma pena, o sea, nada más la reforma la haríamos los incisos si no va a haber un aumento de pena, pero si va a haber un aumento de pena ahí sí más bien hagamos un tipo penal diferente”, agregó.
Según el fiscal general de esta manera “le estamos diciendo a a la ciudadanía, bueno para nosotros esto es intolerable y es más gravoso que cualquier otro homicidio calificado, entonces ahí sí me parecería que si ustedes van a aumentar, por ejemplo de 20 a 50 años de prisión, entonces hagamos otro tipo penal diferente, pero si vamos a mantener las mismas penas, yo creo que hasta por simplicidad y economía lo podemos hacer como lo sugerí originalmente, pero sí es importante y yo considero que sí se tiene que aumentar la pena, incluso hasta el máximo, que en este caso es de 50 años de prisión, entonces podríamos poner una pena que vaya en esos rangos”.
El fiscal adjunto, Mauricio Boraschi, comentó que “efectivamente hemos observado y tenemos información de gente que en algún momento perteneció o fue empleado de las fuerzas policiales que en este momento está brindándoles “servicios” a grupos criminales, como mampara legal con la formación de empresas de seguridad”.
“Pero también le puedo decir, y esto no es un secreto para nadie, que inclusive con campañas de reclutamiento a lo interno del propio Poder Judicial, no es nuevo para nosotros ver abogados defensores, también, que en algún momento fueron fiscales o jueces, hoy están litigando y sobre todo asociados de alguna manera a la defensa de casos de delincuencia organizada, que están ofreciendo trabajo a los funcionarios para que se salgan del Poder Judicial y pasen a la “empresa privada” con paquetes inclusive de beneficios que no es capaz el Poder Judicial, dentro de la estructura de derecho administrativo que funcionamos y presupuestario que nos asigne esta Asamblea poder ofrecer cosas parecidas”, lamentó.
Boraschi explicó que “pasar a trabajar directamente con organizaciones criminales, ese fenómeno ya no es ajeno en Costa Rica, y policías activos, es más difícil para nosotros poderlo detectar, pero si le puedo decir que muchas investigaciones, si tenemos a policías involucrados, con estas organizaciones criminales, quizá no entrenándolos directamente, pero si pasándole información clasificada”.
