San José, 11 ene (elmundo.cr) – La diputada de Liberación Nacional, Paulina Ramírez, señaló que “en este 2024 vamos a seguir abogando por el diálogo como una vía democrática para alcanzar los grandes acuerdos que Costa Rica tanto necesita alcanzar y avanzar”.
Ramírez señaló que “el país necesita rutas claras y estratégicas en muchos temas claves que han venido debilitándose con el tiempo. Vamos a enfrentar un 2024 con una ruta de las más bajas inversiones en educación con un panorama realmente complejo en términos de inseguridad ciudadana, con injustos recortes a la inversión social y promesas de la reducción en el costo de vida que nunca llegaron a concretarse”.
“Según el índice de precios al consumidor de diciembre del 2023, los precios son un 9.46% mayores ahora que en diciembre de 2020. Esto quiere decir que el país es relativamente más caro hoy que hace tres años. En cuanto a la tasa de desempleo, que es del 7.2% para los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2023, también tenemos malas noticias”, agregó.
La legisladora insistió en que “el INEC aclaró que aunque se presentó una reducción del 0.44% respecto al trimestre anterior, esto no significa que se hayan creado más fuentes de empleo ni que haya más gente trabajando, tal como lo ha dicho el señor presidente en sus conferencias de prensa, sino que hubo personas que desistieron de seguir buscando trabajo de las cuales aproximadamente un 60% son mujeres”.
“Según datos de la OIJ, el 2023 fue el año más violento de la historia de Costa Rica, el cual registra 907 homicidios. Esto quiere decir que la criminalidad está rompiendo récord y hay un crecimiento desenfrenado de la violencia en nuestro país”, sostuvo.
Ramírez recalcó que “nuestro sistema educativo está en crisis. La educación costarricense hoy sufre un deterioro de resultados, rezago en los aprendizajes, crisis de gestión y una involución en inversión pública a cifras de 10 años atrás, según señala el informe del Estado de la Educación 2023”.
“Se plantearon recortes en el presupuesto ordinario 2024 por parte del gobierno a los programas de educación, seguridad, cultura e infraestructura, por lo cual resultó ser un plan de gastos que no buscaba los equilibrios entre lo fiscal y lo social. Son datos realmente alarmantes”, lamentó.
Para la legisladora “estamos empezando un nuevo año completamente ahogados en lo que podría llamarse violencia estructural. Es decir, todo aquello que el Estado ha dejado de hacer para crear condiciones de vida dignas para la población costarricense”.
“El Poder Ejecutivo tiene una enorme responsabilidad en la ejecución de las políticas necesarias para enfrentar estos desafíos, no queremos más promesas, ni mentiras. Costa Rica ya no puede soportar más una crisis como la que estamos viviendo. Este año, el país necesita acciones y rutas claras”, concluyó.
