San José, 17 may (elmundo.cr) – El exministro de Justicia, Marco Feoli, criticó las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, sobre el denominado “año carcelario” y aseguró que la mandataria afirmó algo incorrecto respecto a la legislación penitenciaria del país.
“Efectivamente, la presidenta dijo algo que era falso. Ese es el titular. No es cierto que estaban cambiando el año carcelario, porque el año carcelario, como ya han dicho varios abogados, siempre ha sido de 360 días”, manifestó Feoli.
El exjerarca añadió que incluso las declaraciones del nuevo ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, contradicen lo señalado previamente por la presidenta.
Según Feoli, la regulación sobre el cálculo del año carcelario y los beneficios penitenciarios ya está definida en la legislación vigente y no puede modificarse mediante una decisión del Poder Ejecutivo.
“El año carcelario está regulado por la ley. Quiero decir, la posibilidad de que una persona obtenga beneficios y tal está en el artículo 55 del Código Penal. Eso no lo puede cambiar el Poder Ejecutivo, se tiene que hacer a través de una reforma legislativa”, afirmó.
El exministro también cuestionó los cambios anunciados por el Ministerio de Justicia sobre los criterios para reconocer actividades laborales dentro del sistema penitenciario.
“Ahora, el tema con lo que dice el ministro es, bueno, a partir de ahora vamos a cambiar las reglas de qué se entiende por trabajo para que la gente pueda obtener beneficios”, indicó.
Feoli explicó que actualmente muchos privados de libertad realizan actividades artesanales y otras labores productivas que les permiten acceder a descuentos en sus penas, debido a la falta de capacidad del sistema penitenciario para ofrecer empleo formal a toda la población carcelaria.
“Es imposible poder emplear a todo mundo con lo que tiene el Ministerio de Justicia o con lo que tiene el sistema penitenciario”, señaló.
Asimismo, advirtió que eliminar este tipo de actividades como parte del reconocimiento laboral podría generar mayores niveles de hacinamiento y eventuales acciones legales contra el Estado.
“Va a tener dos consecuencias. Una, es cierto que probablemente más gente va a estar privada de libertad porque les va a costar más salir, porque el sistema no les va a poder dar la oferta laboral. Y en segundo lugar, eso va a implicar seguramente una sucesión de demandas y denuncias porque el Estado va a tener presa a gente que no se va a poder ir porque el Estado es incapaz de proveerle de trabajo o de actividades productivas”, concluyó.
Las declaraciones fueron emitidas durante el programa Interferencia, producción de Radio Universidad de Costa Rica.
