San José, 03 ago (elmundo.cr) – El abogado y precandidato a diputado Edgardo Araya denunció públicamente que el embargo preventivo impuesto al creador de contenido Juan Bautista Alfaro, conocido como Juanba Caminando, si bien se ajusta a derecho, constituye un uso distorsionado de la figura legal para amedrentar e intentar silenciar voces críticas.
Araya, a nombre de su firma Adarga Soluciones Legales, confirmó que asumirá la defensa de Alfaro:
“Para nosotros es un verdadero honor”, afirmó.
“En este momento, ni siquiera podemos hablar de que es una demanda. Estamos ante lo que se llama una medida cautelar ante causa, un embargo preventivo”, explicó el litigante.
Según Araya, el embargo solicitado por la empresa Enjoy Hotels & Resorts S.A. no tiene una justificación racional bajo los estándares que rigen esta figura del derecho procesal:
“La figura está pensada para los casos en que existan fundadas razones para creer que la parte demandada va a evadir hacerle frente a una sentencia condenatoria. No tiene sentido cuando sabemos de antemano que la otra parte no tiene bienes”, puntualizó.
A juicio del abogado, esta acción representa una nueva forma de criminalización de la protesta social:
“Las empresas poderosas han usado por años la vía penal con los delitos de injurias, calumnias o difamación para acallar voces que denuncian irregularidades. Ahora lo hacen desde la vía civil para impedir el desarrollo de la vida normal de una persona”, alertó.
Araya cuestionó el propósito real del embargo de ₡20 millones (aproximadamente $40.000), impuesto sin siquiera haber sido notificado formalmente a Alfaro.
“Era muy fácil saber que Juanba no iba a tener $40 mil ni en sus cuentas ni en bienes. Y aún así lo hicieron. ¿Por qué? Porque el interés nunca fueron sus bienes. El interés claramente es asustarlo, amedrentarlo e impedir que continúe con su vida normal”, aseveró.
Además, calificó la acción como un intento de escarmiento:
“Es lo que llamaríamos un escarmiento ejemplarizante: ‘vean lo que le hago a este, vean lo que les puede pasar a ustedes si hacen lo mismo’”, sostuvo.
Finalmente, el abogado aseguró que esta acción es una amenaza directa contra la libertad de expresión y el derecho constitucional a participar en asuntos ambientales:
“Aunque la Constitución y la ley diga que tenemos el derecho a un ambiente sano y a denunciar y exigir la reparación del daño, pocos se atreverán por miedo. Se callarán por miedo”, advirtió.
