San José, 20 abr (elmundo.cr) – El malestar de los representantes del régimen municipal por el haberlos incluido en la Regla Fiscal, crece día a día.
Las últimas manifestaciones de la Contraloría General de la República, de varias figuras de gobierno y de la fracción del PAC auguran que a partir de hoy los ánimos de los representantes municipales podrían caldearse aún más.
El origen del malestar viene de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en la que se incluyó una “Regla Fiscal”, lo cual es un techo que tienen las instituciones públicas para crecer en su presupuesto de gasto corriente hasta un 4.67%, con respecto al presupuesto del año anterior.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda las municipalidades están obligadas también a cumplir con esa limitación, lo cual fue objetado por las organizaciones que representan al Régimen desde la vía administrativa, con oficios enviados al despacho de la ministra de Hacienda en ese momento, Rocío Aguilar. La justificación que presentaron las municipalidades se basa en la autonomía presupuestaria que poseen estas instituciones. Sin embargo, este argumento fue rechazo por la jerarca.
Entonces los representantes municipales recurrieron a la vía jurídica con un recurso de inconstitucionalidad que presentó la alcaldesa de Alajuela, Laura Chaves, el cual fue admitido para estudio, por parte de la Sala Constitucional.
En una acción paralela, varios diputados presentaron un proyecto de ley, cuyo objetivo es el eximir a los Gobiernos Locales de dicha regla.
Sin embargo, varios los meses han transcurrido desde esas acciones y nada ha pasado.
Ante esta situación a las municipalidades no les quedó otra opción, que la de aplicar la Regla Fiscal a sus presupuestos, bajo la amenaza de que si no lo hacían iban a ser rechazados por parte de la Contraloría General de la República.
Es así como llegamos al momento en que se declaró la pandemia del nuevo coronavirus, una emergencia que obliga a toda la institucionalidad pública a redoblar esfuerzos para mantener segura a la población.
Se decretó el cierre de espacios públicos, acción que llevaron a cabo las municipalidades. Se aplicó una medida de cierre total de algunos comercios y limitaciones de espacio para otros, cuya inspección sobre cae en los Gobiernos Locales. Se iniciaron operativos de tránsito, para vigilar el cumplimiento de la restricción vehicular sanitaria, con el apoyo de la policía de tránsito municipal. Y así, podemos seguir citando acciones en las que los municipios han tenido que invertir recursos que son considerados gasto ordinario, el cual como dijimos, tiene una limitación impuesta por el Ministerio de Hacienda y bajo la supervisión de la Contraloría.
La coyuntura se empezó a tornar complicada para los municipios por lo que se elaboró el proyecto de ley 21.922, el cual, además de incluir medidas de flexibilidad para el pago que deben hacer los contribuyentes a los municipios, también se introdujo un levantamiento permanente de la Regla Fiscal para ellos. Según los representantes municipales la iniciativa cuenta con el apoyo de 40 diputados.
El lunes 13 de abril los representantes municipales se reunieron con el presidente de la República, Carlos Alvarado, quien se hizo acompañar de la Ministra de Planificación, Pilar Garrido y de Marcela Guerrero, presidente ejecutiva del IFAM y quien ya se ha pronunciado abiertamente en contra de que las municipales estén incluidas dentro de la Regla Fiscal.
En la reunión los municipalistas justificaron los motivos para solicitar que se les exima de esta limitación y pesar de la oposición de Garrido, el presidente accedió a convocar el proyecto al día siguiente, lo cual hizo en horas de la tarde.
Desde luego que esto generó satisfacción entre el Régimen, ya que, al contar con el apoyo de 40 de legisladores, todo indicaba que el proyecto se aprobaría sin dilaciones.
Sin embargo, de inmediato la Contraloría reaccionó de la siguiente manera: «Una exclusión definitiva de los Gobiernos Locales y sus dependencias, de la aplicación de la regla fiscal, sin definir condiciones asociadas a la emergencia en términos de temporalidad, estimaciones sobre los eventuales requerimientos y naturaleza de los gastos prioritarios, podría tener un efecto adverso en la gestión municipal en el mediano plazo, sin que quede clara cuál es la contribución de esta norma al objetivo de esta propuesta».
A raíz de esta manifestación la fracción del Partido Acción Ciudadana se declaró opuesta al proyecto, con lo que la iniciativa corre el riesgo de ser archivada o rechazada.
Ahora el foco de discusión está en el congreso, mientras que los ánimos entre el régimen municipal se caldean más y más, al punto de que varios alcaldes han manifestado que, de no aprobarse el proyecto, se podrían dejar de realizar servicios de primera necesidad, como la recolección de los residuos sólidos.
