Asamblea Legislativa, 4 set (elmundo.cr)- Luego de que la mañana de jueves el Poder Ejecutivo diera a conocer el borrador del decreto que autorizaría la implementación de la técnica de reproducción asistida de fecundación in vitro y la transferencia embrionaria, varios diputados reaccionaron ante esta decisión.
Uno de los primeros en alzar la voz fue el congresista del Partido Renovación Costarricense, Gonzalo Ramírez, quien expresó que con este decreto Costa Rica se convierte en uno de los países que va masacrar más vidas humanas.
“El Presidente lanza una cortina de humo en Costa Rica diciendo que se va a implantar solo uno o dos gametos, pero lo que no dice es que antes de eso el médico en el laboratorio va querer jugar a ser Dios y va poder matar a cuantos quiera hasta que llegue a tener dos para implantar en el vientre de la mujer. Costa Rica va violentar más derechos humanos”, comentó el Ramírez.
Para el diputado cristiano, esta práctica también pone en riesgo la estabilidad de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), la cual aseguró deberá de invertir cerca de 68 millones de colones en cada persona que decida someterse a esta técnica.
Otro que no dejó pasar su oportunidad para manifestarse en contra de este decreto fue Fabricio Alvarado, quien a pesar de encontrarse en Panamá arremetió en contra del Presidente Solís por esta decisión.
“Con este decreto estamos accediendo prácticamente a la pena de muerte, muchos embriones morirán y eso parece no importarle a nuestro Presidente(…)El afán por complacer caprichos de algunos les pudo más en Casa Presidencial (…) La Corte pidió legislar no decretar, pidió resolver el problema de infertilidad de las parejas y el decreto abre la puerta para que el niño o la niña nazca cuando nazca en el poco porcentaje de probabilidades que tiene la técnica, sin la estabilidad que le puede dar un padre o una madre. Esta es otra una pifia inconstitucional más para la colección del Presidente y su equipo”, expresó el diputado de Restauración Nacional.
Por su parte, el liberacionista, Ronny Monge, encargado de presidir la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa en donde se discute el proyecto, también calificó como desafortunada la decisión del Poder Ejecutivo.
“Hemos sido claros de los que se dijo en la Corte Interamericana, que ellos no se meten en las decisiones de Estado y las decisiones de Estado son del país(…)Este decreto va más allá de lo que que se ha tratado de conciliar, el proceso de la Asamblea Legislativa ha escuchado a todas las partes, mientras que el decreto solo ha tenido un punto de vista”, dijo Monge.
Este diputado también aprovechó para resaltar el avance que ha tenido este proyecto dentro del Congreso.
“Hay que decirle a la gente que el proyecto en la Asamblea Legislativa ha venido avanzando más rápido de lo que venía avanzando y creemos que si seguimos al ritmo que vamos que pronto tendremos ley” añadió.
En posición contraria a estos tres legisladores, se encuentra el también liberacionista, Antonio Alvarez Desanti, quien aplaudió la decisión del gobierno calificándola como una de las decisiones más acertadas que ha tomado, argumentando que Costa Rica debe acatar a la Corte de Derechos Humanos y el proyecto que se discute en el congreso no saldrá en pocos meses o semanas.
El decreto presentado este jueves tiene similitudes con el estudiado en la Asamblea, sin embargo este proyecto del ejecutivo se diferencia especialmente por contemplar la preservación de embriones, medida que no estaría permitida en el proyecto de ley que esta en el congreso.
De aprobarse este decreto, la CCSS deberá empezar a implementar esta práctica en al menos dos años.
Mientras tanto, diferentes organizaciones pro vida se reúnen con expertos para llevar este tema a la Sala Constitucional.
