San José, 1 nov (elmundo.cr)- Trece diputados de seis fracciones (FA, PIN, PRN, PAC, PRSC y PLN) presentaron este viernes una consulta de constitucionalidad al expediente 21.568; “Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020”.
Sobre el FEES, alegan que el condicionamiento de 35 mil millones de colones para ser destinados como gastos de capital, violenta la autonomía de las universidades protegida por los Artículos 84 y 85.
Para ellos, esto pondría en riesgo el presupuesto universitario para gastos corrientes (becas, acción social, salarios) ya que, aún con el acuerdo firmado entre rectores, federaciones y gobierno, no hay claridad sobre la legalidad ni el visto bueno de la Contraloría General de la República. Además, aun cuando las Universidades puedan adaptar sus presupuestos, la clasificación de la transferencia incumple con lo acordado en la Comisión de Enlace y por tanto violenta la autonomía universitaria. Al respecto, recordaron las declaraciones del constituyente Ramón Arroyo Blanco;
“(…) no es posible condenar a nuestra universidad a acudir año con año a los políticos, en demanda de sus rentas. Si así fuera, la estaríamos condenando a una asfixia segura, ya que, al no contar con la autonomía económica indispensable, la Universidad estará a merced de los políticos…”
La consulta señala también la violación a los Artículo 51 y 55, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Derechos del Niño por la reducción nominal y/o real de los presupuestos para programas sociales. En el caso del PANI, la transferencia disminuye en 18 mil millones en comparación al 2019 (de 76.7 mil millones a 58.7 mil millones).
También fueron recortadas nominalmente en 6,08% las transferencias a universidades que comúnmente se destinan a sedes y recintos (estas transferencias son aparte del FEES), respecto a lo presupuestado este año. Otras transferencias sufren decrecimiento real porque no se compensan los presupuestos por inflación (siendo la inflación interanual a agosto de un 2,86%). Estos incluyen: CEN-CINAI, FODESAF, Fondo Social Migratorio y Fondo Especial Migratorio.
Otro de los aspectos consultados es la presunta violación a la independencia de poderes y el derecho de acceso a la justicia pronta y cumplida.
Según la regla fiscal aprobada en la ley 9635, el límite de crecimiento al gasto corriente debería ser 4,67%, sin embargo, este rubro para el Poder Judicial estaría creciendo apenas un 0,69%. Al respecto, la Magistrada Patricia Solano manifestó en la sesión de la Comisión de Hacendarios del 2 de octubre de este año que dicha limitación pondría en riesgo distintas funciones del Poder Judicial. Entre ellas la creación del Tribunal Anticorrupción.
Finalmente, los diputados alegan la violación al Artículo 78 de la Constitución y el derecho fundamental a la educación. A pesar de que la Sala Constitucional avaló incluir al INA y la inversión en primera infancia dentro de la obligación del 8% del PIB para la educación, el Gobierno está incumpliendo con el porcentaje. Aun sumando estos nuevos rubros, el presupuesto para la educación será apenas un 7,4% del PIB o 2.856.089 millones de colones, según reconoce el propio Gobierno en la exposición de motivos del proyecto de presupuesto.
“Los sectores más vulnerables de la población serán los más afectados si se mantienen los límites y recortes a la educación pública y programas sociales en el presupuesto 2020. Mientras tanto, el límite al presupuesto del Poder Judicial lo celebrarán los corruptos que no tendrán que temer el funcionamiento de un tribunal anticorrupción”, señaló el legislador José María Villalta.
“Hay un evidente desequilibrio en la atención al déficit. El gobierno recorta y recorta, perjudicando los servicios públicos y la atención a la ciudadanía, pero vemos tímidos avances en el fortalecimiento de la recaudación y el combate al fraude fiscal”, agregó.
