San José, 26 de octubre (elmundo.cr)-Los diputados que conforman el Bloque Legislativo por la Intervención y Modernización del Transporte Público, solicitaron al presidente de la República, Luis Guillermo Solís, actuar con “todo el peso de la ley” en caso de que ocurra un paro “ilegal” de los autobuseros.
Además hacen un llamado a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), para que no ceda ante las presiones de las cámaras de autobuseros, que pretenden eliminar el actual modelo tarifario, “con la amenaza de realizar paros en el servicio”.
Según los legisladores, esto provocaría un perjuicio en la ciudadanía. Asimismo recordaron que actualmente existen alrededor de 574 rutas en todo el país y desde que se aprobó la nueva metodología tarifaria en marzo de 2016, únicamente se han realizado 8 ajustes tarifarios.
Aunado a ello, los congresistas señalaron que esto ha generado rebajas de alrededor de un 20%. “Es sabido que toda metodología de cálculo tarifario es susceptible de mejoras, pero la actual metodología tarifaria es más justa que la anterior respecto a los pasajes de bus que pagan las personas usuarias”, indicó el bloque de diputados.
Los parlamentarios enviaron un documento a la Aresep, así como al despacho del mandatario de la República, donde le solicitan a este último que no permita campañas de desestabilización y que actúe con “todo el peso de la ley”.
Los legisladores le manifestaron a las empresas de transporte público, que se mantengan en el marco de la legalidad y que no pretendan “pisotear” a las personas usuarias de los buses, pues de lo contrario, recurrirán a todos los mecanismos legales y políticos existentes.
Lo anterior, para que “se respete el derecho de las personas a un transporte con tarifas justas y de calidad”, afirmó la diputada Patricia Mora, del Frente Amplio.
“Hacemos también un llamado a las personas usuarias de transporte público para que no permitan que se les viole el derecho a un servicio de calidad y con tarifas justas. Es necesario que las mismas personas usuarias de los autobuses sean fiscalizadoras de la prestación del servicio” agregó la diputada Marcela Guerrero del Partido Acción Ciudadana.
Para el Bloque Legislativo, estas crisis “son provocadas” por la rectoría “ineficiente” del Consejo de Transporte Público, argumentando que no ha ordenado la prestación de los servicios de buses. Reafirman la “necesidad” de cerrar el CTP y dar paso a una nueva institución.
