San José, 8 set (elmundo.cr) –Este martes los diputados aprobaron una moción para que el Ministro de Hacienda, Elian Villegas, rinda un informe detallado de los responsables en la Administración Tributaria que decretaron el cierre de las oficinas al Partido Unidad Social Cristiana.
En la moción se solicita al ministro de Hacienda “un informe detallado de los hechos y responsables del actuar de la Administración Tributaria sobre el cierre de negocios decretado al Partido Unidad Social Cristiana, que se instruyan los procesos administrativos necesarios para determinar a los responsables de violentar los derechos constitucionales de los participantes en el proceso de renovación de estructuras”.
Además, hacen “un vehemente llamado de atención al Presidente de la República, para que sus ministros, y todos los funcionarios públicos de alto rango pertenecientes al Poder Ejecutivo se abstengan de promover actos que atenten contra la legitimidad, libertad y transparencia del proceso electoral que viviremos los costarricenses de cara a la elección del próximo presidente o presidenta de la República, y futuros legisladores y legisladoras, respetando las competencias constitucionales otorgadas al Tribunal Supremo de Elecciones”.
El jefe de fracción del PUSC, Pablo Heriberto Abarca, indicó que presentaron la moción “para enviar un mensaje directo y que no quede un hecho como algo ahí tirado y que solo funcionó para un discurso”.
“Queremos que el ministro de Hacienda establezca un procedimiento administrativo, una investigación a fondo y que informe a este Plenario legislativo de qué fue lo que pasó y quiénes fueron los que ordenaron el cierre y que además podamos identificar cómo fue que se actuó en este hecho”, agregó.
Abarca expuso que como partido político “entendemos este cierre como un mensaje contrario a una práctica democrática en un país que se pregona de ser democrático, que es ejemplo en el mundo; pero además, está a punto de cumplir 200 años y no puede permitir que este tipo de actos se repitan”.
La fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC) fue la única que votó en contra de la moción, por lo cual la diputada y jefa de la fracción Laura Guido manifestó que “ningún partido está por encima de la ley, si el partido recibió una sanción, ni los políticos, ni los diputados, ni el presidente de la República como lo pretendía el jefe de fracción de Unidad Social Cristiana pueden evitar que esa sanción sea aplicada si fue desarrollada a derecho, eso es precisamente parte de una división de poderes que aquí se dice se está defendiendo”.
Nadie se puede contradecir con ese principio de derecho, en un sistema que funciona el Tribunal Supremo de Elecciones garantiza que la celebración de las asambleas provinciales y con ello la continuidad del proceso electoral sea resguardado y eso es importante”, destacó Guido.
La legisladora afirmó que no le parece atinado “hacer una acusación donde se llame la atención al presidente, a los ministros; ni tampoco partir de un supuesto casi que afirmando que aquí hay una transgresión a la democracia”.
Por su parte la diputada Carolina Hidalgo se sumó a Guido y sostuvo que esta “es una moción que claramente tiene afirmaciones temerarias”.
La moción fue aprobada con 36 votos a favor y 9 en contra.
