San José, 16 oct (elmundo.cr) – Un grupo de 20 congresistas, pertenecientes a cuatro fracciones políticas y dos diputadas independientes, presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público contra el presidente del la República, Rodrigo Chaves.
Los legisladores acusan al mandatario de haber cometido graves delitos contra el orden constitucional tras una serie de declaraciones que, según ellos, buscan desestabilizar la independencia de los poderes del Estado y debilitar la institucionalidad del país.
La denuncia fue motivada por las declaraciones emitidas por Chaves en una conferencia de prensa el pasado 25 de septiembre, en la cual, acompañado por ministros y diputados de su fracción, realizó fuertes críticas contra el Poder Judicial, la Fiscalía General y la Policía Judicial.
Durante su intervención, el presidente calificó a estas instituciones de “abusivas”, “intimidatorias” y parte de un “show” mediático y político. Según los congresistas, estas afirmaciones constituyen un acto de injerencia en las funciones judiciales y podrían configurar varios delitos previstos en el Código Penal.
Los diputados alegan que las declaraciones del presidente son un claro ejemplo de instigación pública y propaganda contra el orden constitucional, tal y como lo establece el artículo 280 del Código Penal costarricense. Además, señalan que Chaves, al ser jefe de Estado, agrava su responsabilidad al incitar a la resistencia contra las autoridades judiciales.
Durante la conferencia, el mandatario también hizo referencia al caso “Barrenador”, insinuando que las investigaciones judiciales, relacionadas con este escándalo, tienen motivaciones políticas.
Los congresistas sostienen que estas declaraciones comprometen la credibilidad de los procesos legales y atentan contra la tranquilidad pública.
Chaves además acusó a magistrados del Poder Judicial de corrupción y tráfico de influencias, afirmaciones que los diputados consideran infundadas y dirigidas a desacreditar a los órganos de justicia.
Para los 20 congresistas firmantes, las acciones de Chaves representan un ataque directo a los pilares de la democracia costarricense. Subrayan que la independencia de los poderes del Estado es un principio fundamental consagrado en la Constitución Política, y cualquier intento por socavar esa independencia podría tener graves repercusiones en la estabilidad política y social del país.
La denuncia también destaca las declaraciones de Chaves en las que afirmó que la fiscalía “matonea” al Poder Ejecutivo, y que los costarricenses debían estar listos para “actuar como sociedad” y no ser “siervos menguados”. Estas palabras, según los legisladores, podrían interpretarse como una instigación a la resistencia contra las autoridades judiciales y representar un riesgo para la paz social.
El trasfondo de esta disputa está relacionado con el escándalo del caso “Barrenador”, en el que la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga un presunto sobreprecio del 33% en la adjudicación de contratos a cooperativas para la operación de los EBAIS, lo que habría generado un perjuicio económico para la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de más de ¢12 mil millones al año.
El presidente Chaves ha criticado abiertamente las investigaciones judiciales relacionadas con este caso, afirmando que son parte de un ataque político contra su gobierno. La denuncia presentada por los diputados es un nuevo capítulo en la creciente tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial, y se espera que la situación continúe generando polémica en los próximos días.
