San José, 26 jul (elmundo.cr)- Los diputados de la Comisión Permanente Especial de Seguridad cuestionaron el manejo y el seguimiento que le da el Ministerio de Justicia a los privados de libertad que portan una tobillera electrónica.
El legislador del PLN, Roberto Thompso, criticó a la ministra de Justicia, Marcia González, por asegurar que uno de los problemas que presentan de monitoreo y comunicación para darle seguimiento a los privados de libertada con brazaletes se debe a que la tecnología que se utiliza no es la más adecuada.
La jerarca de Justicia insistió en que la tecnología que se utiliza para el monitoreo presenta problemas serios de comunicación, debido a que “es una tecnología que no es de punta y que está generando falencias importantes”.
González fue enfática en que, aunque se pierda la comunicación con una persona que porte un dispositivo electrónico, no significa que esta esté cometiendo un delito, la falla en la comunicación se puede deber a diferentes factores como problemas de cobertura de la red o problemas con los dispositivos electrónicos.
Según la ministra, han tenido problemas serios con la empresa que facilita las tobilleras electrónicas e indicó que le han solicitado el cambio de 110 aparatos y la empresa se ha negado a hacerlo.
El presidente de la Comisión, Gustavo Viales consultó a las autoridades de Justicia sobre lo que establece un juez de ejecución de la pena quien dice que existen problemas de comunicación y que la policía le indica a los privados de libertad que no se pueden apersonar para que les revisen los dispositivos, sino que ellos llegarán a su domicilio o lugar de trabajo.
“Hemos tenido enormes retos, no contamos con recursos suficientes, pero, aun así le estamos haciendo frente a esta enorme responsabilidad”, mencionó González.
Por su parte, la congresista Marulin Azofeifa aseguró que es preocupante que se le asigne una tobillera a una persona que vive en una zona del país donde no existe cobertura.
La jerarca insistió que son los jueces los que dictan las penas y se ha dado un incremento en el número de personas que se les aplica la tobillera electrónica. En la actualidad cerca de 1500 personas lo portan, con un costo mensual de 525 dólares mensuales, un 50% menos de lo que costaría mantenerlos en prisión.
