San José, 8 oct (elmundo.cr) – La Comisión de Seguridad estudia dos proyectos de ley que pretenden combatir la delincuencia organizada se trata de los expedientes el 23.208 Ley para Restituir la Declaratoria de Procedimiento Especial; y el 23.090 Reforma a la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
El Fiscal General interino, Warner Molina, fue llamado a dicha comisión para dar la opinión al respecto. Molina aseguró que se requiere más presupuesto para operar y atender este flagelo que hasta la fecha cobra demasiadas víctimas.
Añadió, que cuando se advirtió que el lavado de dinero ya era una realidad en nuestro país no se hizo mucho y la Ley llegó tarde.
“En la actualidad por el principio de juez natural, corresponde conocer las gestiones del Ministerio Público a los jueces y juezas de la localidad donde ocurre el hecho delictivo, lo que representa en los tiempos actuales un riesgo enorme para el personal judicial, tanto para la judicatura, como para la fiscalía y la policía”, manifestó Molina.
El Fiscal General interino, también recalcó que “los grupos narcos tienen al menos dos formas de pretender la impunidad, mediante el poder corruptor del dinero ilícito, o bien, por medio de las amenazas, y en otras ocasiones por medio de atentados en contra de la integridad física o moral de las personas funcionarias. Es por ello, que resulta tan necesario y urgente, implementar la jurisdicción especial contra la delincuencia organizada, una jurisdicción que se debió implementar hace unos 15 años y a la fecha continúa en veremos”.
El presidente de la comisión y diputado del Partido Liberación Nacional, Gilberth Jiménez, consultó sobre de quién depende que existir el presupuesto para implementar esa ley tan importante para combatir la delincuencia organizada, a lo que Molina contestó que “la política criminal de un país está en mano de los y las legisladores, de eso depende, de la voluntad política y de la definición de esa política criminal”.
El fiscal general interino, concluyó su intervención manifestando que para el Ministerio Público, no se ha derogado la declaratoria de procedimiento especial.
