San José, 2 mar (elmundo.cr) –Los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa presentarán en el mes de marzo, los resultados de la investigación de la aplicación de los cuestionarios de factores asociados en las pruebas de Fortalecimiento de Aprendizajes para la Renovación de Oportunidades (FARO).
La liberacionista Yorleny León Marchena, presidenta de la comisión, dijo que, a partir de ahora, una subcomisión liderada por el también liberacionista, Luis Fernando Chacón Monge, deberá presentar sus conclusiones y recomendaciones para que sean discutidas por el resto de congresistas de la comisión y remitirlas posteriormente al Plenario Legislativo.
«Una vez que llegue al Plenario, espero que la Presidencia y las jefaturas de fracción le den un trámite rápido para que las señoras y los señores legisladores puedan conocerlo, puedan someterlo a votación antes de que finalice este cuatrienio», dijo la diputada León Marchena.
En los últimos meses, mandos medios del MEP fueron citados por esta comisión, quienes señalaron a a exjefa de Evaluación Académica, Florlenis Chévez Ponce, al exdirector de Gestión y Evaluación de la Calidad, Pablo Mena Castillo y la exviceministra de Educación, Melania Brenes Monge por la revisión de estos cuestionarios previo a su aplicación.
Esta investigación se abrió el año pasado, luego de que trascendiera que el gobierno de Carlos Alvarado Quesada trató de acceder a información referente a la situación socioeconómica de los menores de edad por medio de la aplicación de las pruebas FARO, sin que antes se le solicitara autorización a los padres de familia.
A criterio de expertos y diputados esto estaría violando la ley 8968, conocida como la ley de Protección de la Persona frente al tratamiento de sus datos personales. La Sala Constitucional dijo que con estos cuestionarios se violentó la intimidad y privacidad de los estudiantes menores de edad y de sus familias, pues el gobierno nunca solicitó autorización para la formulación de preguntas inapropiadas para los niños.
Esta investigación pretende definir las responsabilidades legales y administrativas que correspondan a los funcionarios y exfuncionarios que tuvieron parte en el diseño de las pruebas y en la decisión de implementar el formulario de factores asociados.
Ese formulario contenía preguntas de carácter socioeconómico de los estudiantes y sus familias que podrían haber violado el principio de protección legal a los datos sensibles. Por ejemplo, se incluyeron consultas sobre el estado de las paredes, pisos y techos de las viviendas de los estudiantes.
Además, se les pidió a los menores de edad indicar si la casa era propia, completamente pagada, financiada a cuotas o prestada. También se les preguntó si las paredes de las viviendas eran de block o ladrillos, de cemento, madera o prefabricadas y si el piso era de mosaico, cerámica, terraza, cemento o madera.
