San José, 21 nov, (elmundo.cr)- El Congreso aprobó esta tarde el Presupuesto Nacional del 2020, propuesto por el gobierno de Carlos Alvarado, por ¢10,5 billones.
Entre los cambios importantes sobresale el recorte de ₡255 millones al Ministerio de Cultura (el cual el gobierno también reprochó) pues esta decisión se tomó por “un error”, ya que, según los diputados, el cansancio de la sesión de ese momento (en la Comisión de Asuntos Hacendarios) los llevó a votar afirmativamente la moción que quitaba esa cantidad de dinero a la institución.
A raíz de esto, el PAC presentó un informe de minoría, pero el Plenario decidió no apoyarlo.
“Votamos en contra del informe de mayoría porque apoyábamos el informe de minoría, que por el fondo del presupuesto era lo mismo, pero recuperaba los ¢255 millones del Ministerio de Cultura”, dijo la diputada del PAC, Nielsen Pérez.
Otro cambio se da en los recursos que recibe el Fondo Especial para Educación Superior (FEES). Pues Hacienda había ordenado que ¢70.000 millones se destinaran para obras de infraestructura y compra de equipos; no obstante, luego de las manifestaciones de los estudiantes se logró que solo fuera la mitad de ese monto, (es decir ¢35.000 millones) y la otra mitad las universidades la usarán para gasto corriente.
Este presupuesto incluye la regla fiscal estipulada en la Ley 9.635 la cual establece que el crecimiento del gasto corriente no puede ser superior al 75% del crecimiento promedio del PIB para los cuatro años anteriores al año de formulación presupuestaria.
En el dictamen se lee,” en total, el proyecto de presupuesto enviado por el Poder Ejecutivo consigna ¢7.834.565 millones para gastos corrientes (20,3% del PIB), aumentando en ¢271.085 millones con respecto al presupuesto ajustado al 31 de agosto de 2019, lo cual representa un crecimiento de 3,6%. Si se compara con la Ley de Presupuesto 2019, el crecimiento del gasto corriente es de 3,9%. En ambos casos, la variación es inferior al 4,67% establecido por la regla fiscal para 2020”.
Aunado a esto, la Comisión optó por definirle al Poder Ejecutivo una serie de normas de ejecución presupuestaria, algunas de las cuales ya fueron utilizadas durante el 2019, con obligaciones a sus jerarcas y encargados, que buscan fortalecer, precisar y hacer más transparente el proceso de formulación, ejecución y liquidación del Presupuesto del Gobierno Central.
