San José, 23 may (elmundo.cr) – Los diputados aprobaron una moción para retrotraer a primer debate el expediente 22.567, Ley para establecer el correo electrónico como medio de notificación para las sociedades mercantiles.
La moción fue votada por unanimidad por los 57 diputados.
El análisis del diputado del Partido Liberal Progresista, Jorge Dengo, permitió determinar que si el proyecto era aprobado como se encontraba iba a implicar que todas las sociedades mercantiles se vieran en la necesidad de modificar sus actas constitutivas, lo que representaría un gasto que podría afectar a las pequeñas y medianas empresas.
El jefe de fracción del Frente Amplio, Jonathan Acuña, explicó que “gracias a un análisis adecuado realizado por el señor diputado (Jorge) Dengo se ha encontrado un detalle que queda ahí cierto en el texto del proyecto de ley respecto al tratamiento de las sociedades mercantiles actualmente existentes porque el objetivo del proyecto es que todas las sociedades mercantiles deben establecer un correo electrónico para efecto de sus notificaciones esto con miras a ganar en eficiencia, a reducir la mora judicial a que la justicia sea pronta y cumplida”.
“El diputado ha encontrado un detalle respecto a que ocurre con las sociedades mercantiles existentes, que debería solventarse mediante un transitorio en el texto del proyecto, para que estas no tenga la obligación de modificar su acta constitutiva y así evitarles un costo posterior”, indicó Acuña.
Por su parte, el jefe de fracción del Liberal Progresista, Eli Feinzaing comentó que “detectamos en la revisión final de este proyecto un problema que no es cosa menor, de la forma que esta redactado el proyecto obligaba a todas las sociedades mercantiles del país, es decir pymes y empresas grandes, todas por igual, a hacer un proceso de modificar su pacto constitutivo para incluir una dirección de correo electrónico para notificaciones”.
“Un proceso que tiene un costo de aproximadamente 165 mil colones, porque esto implica hacer una asamblea de accionistas, contratar a un abogado para protocolarizar el acta, inscribir el acta en el registro pagar timbres, pagar impuestos, etcétera, honorarios del notario por supuesto”, añadió.
“Lo que estábamos a punto de crear aquí era un impuesto solapado de 165 mil colones a todas las sociedades del país, insisto tanto pymes como empresas medianas, grandes, todas habrían tenido que pagar esto sin ningún sentido”, insistió el diputado.
