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Caso proyecto hidroeléctrico Chucás

Diputados aprueban moción para interpelar a Carlos Obregón y directora jurídica del ICE

» También se solicitó a la Contraloría realizar una investigación especial acerca de lo actuado por la entidad

Carlos Obregon, executive president of the Costa Rican Electricity Institute (ICE), which promotes projects of renewable energy, speaks during an interview with AFP on October 22, 2015 in San Jose. Costa Rica expects to conclude in 2015 an energy matrix made in a 97.1% of renewable sources, what would make the Central American country one of the cleanest in the world, aiming at reducing carbon emissions to curb global warming. AFP PHOTO / Ezequiel BECERRA

San José, 8 dic (elmundo.cr) Los diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público aprobaron ayer una moción para llamar a cuentas al presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Carlos Obregón, y a la directora jurídica, Julieta Bejarano, por el arbitraje millonario que perdió la entidad con la empresa PH Chucás.

También, se solicitó a la Contraloría General de la República realizar una investigación especial acerca de lo actuado por el ICE en el Centro Internacional de Conciliación y Arbitraje de la Cámara Costarricense-Norteamericana de Comercio (AmCham).

Los legisladores Mario Redondo y Patricia Mora presentaron la moción, que fue apoyada por unanimidad, con el fin de interpelar a ambos funcionarios, luego de que el Tribunal de Arbitraje condenó a la entidad al pago de unos $135 millones a favor de la compañía.

Asimismo, los congresistas indagarán sobre el impacto que tendrá esta sentencia en la salud financiera del instituto y la posibilidad de trasladar dicho gasto a tarifas y a los consumidores.

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La empresa PH Chucás presentó una demanda- que se manejó bajo el expediente 0374-2015/AR-CICA- contra la institución, por sobrecostos que se dieron en la construcción de la planta hidroeléctrica, en Atenas, debido al aparente comportamiento geológico de la zona geográfica y otros factores como el nivel de precipitación y deslizamientos de terrenos.

La planta en un principio fue valorada en $107 millones, sin embargo, luego se encareció en aproximadamente $280 millones, es decir hubo un incremento del %261 en la inversión a realizar.

Según consta en la sentencia, la demandada se negó a reconocer el aumento en el costo de la construcción, lo que para el Tribunal representó una conducta de “mala fe”-no permitida por el ordenamiento jurídico-, “afectando” económicamente a la firma constructora.

En su defensa, el ICE alegó que se trató de un contrato de venta de energía que, supuestamente, no tenía relación con la adquisición de una obra de infraestructura. Cabe señalar que en el proceso presentó una excepción de falta de derecho.

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La demandada afirmó que sus personeros ubicados en el sitio, solo se “limitaban a revisar y controlar” el cumplimiento de lo ofrecido por la empresa en apego al cartel, la oferta y el contrato. Y en caso de existir alguna situación que distaba de lo antes mencionado, realizaban las observaciones del caso.

De igual forma dijo que no existía al parecer una aprobación expresa en cuanto a los cambios realizados, sino que cuando el instituto no hacía comentarios, el contratista lo “interpretaba” como una aprobación.

No obstante, el Tribunal determinó que el ente estatal tenía conocimiento de los sobrecostos acaecidos en el proceso constructivo del proyecto hidroeléctrico; aun así, sus especialistas habrían consentido seguir con las obras. LEA TAMBIÉN: ICE conocía de sobrecostos y aun así consintió seguir con hidroeléctrica Chucás, según Tribunal de Arbitraje

La condena millonaria se dio en aras de restablecer el equilibrio financiero del contrato y evitar el “enriquecimiento sin causa” de la parte demandada, tal y como consta en el laudo en manos de EL MUNDO. LEA TAMBIÉN: Tribunal Arbitral evitó “enriquecimiento sin causa” del ICE por hidroeléctrica Chucás

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El ICE más allá de reconocer la sentencia, presentó un recurso de adición y aclaración ante el Tribunal de Arbitraje.

“Lo resuelto por el Tribunal Arbitral contraviene la naturaleza del contrato BOT (construir, operar y transferir). Así así como dos sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo –emitidas en marzo y junio de este año– por casos similares de generadores privados que pretendieron que el ICE les reconociera sobrecostos por atrasos en obras BOT”, alegó la entidad.

El contrato entre ambas partes se firmó el 27 de noviembre de 2011, para la compra de energía y el supuesto compromiso de construir una planta hidroeléctrica, con una capacidad instalada de 50 MW, según la Licitación Pública Internacional #2006LI-000043-PROV.

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