San José, 17 sep (elmundo.cr) – El diputado Gonzalo Ramírez Zamora presentó una gestión formal ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para que se abra una investigación preliminar tras las graves declaraciones emitidas por la legisladora Abril Gordienko en el Plenario Legislativo.
El pasado 16 de septiembre, durante una sesión de control político, la diputada Gordienko afirmó que, durante la pasada campaña electoral, un supuesto pastor cristiano le habría ofrecido un paquete de 42.000 votos a cambio de un pago de ₡420.000.000.
Ante la magnitud de la cifra y la naturaleza de la acusación, Ramírez considera que el asunto trasciende la discusión política ordinaria y requiere un esclarecimiento institucional para proteger la pureza del sufragio.
“El sistema democrático costarricense depende de que la voluntad popular se exprese libremente y de que la competencia electoral se desarrolle bajo reglas transparentes. Una afirmación de esta naturaleza no debe quedar únicamente como una declaración política”, señaló el legislador en su misiva al órgano electoral.
La solicitud se fundamenta en los artículos 99 y 102 de la Constitución Política, que facultan al TSE para la vigilancia de los actos relativos al sufragio, así como en el artículo 279 del Código Electoral, que tipifica como delito la inducción al voto mediante dádivas o promesas.
El diputado Ramírez instó al Tribunal a realizar las siguientes diligencias:
- Obtener el registro audiovisual de la intervención de la diputada Gordienko.
- Requerir a la legisladora que precise las circunstancias del ofrecimiento, la identidad del responsable y cualquier prueba documental o testimonial.
- Verificar si existen denuncias previas ante el TSE o el Ministerio Público.
- Remitir al Ministerio Público cualquier elemento que revele una posible comisión de delito de acción pública.
“El objetivo de esta gestión es contribuir a la transparencia electoral, proteger la legitimidad de la voluntad popular y solicitar que hechos de semejante gravedad sean objeto de la investigación institucional correspondiente”, concluyó Ramírez.
El documento enfatiza que la investigación es necesaria para evitar que una conducta contraria al ordenamiento electoral quede impune, o bien, que se realicen señalamientos públicos sin sustento que afecten la integridad del sistema democrático.
