Por no alertar a tiempo sobre la contaminación con agroquímicos de nacientes en la zona norte

Diputado frenteamplista denunció al Servicio Fitosanitario ante la Fiscalía

» “Los funcionarios públicos tienen el deber de alertar cuando existe un riesgo para la vida o la salud”, manifestó Villalta.

San José, 18 ago (elmundo.cr) – El diputado José María Villalta Flórez-Estrada denunció penalmente ante la Fiscalía General al Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), por incumplimiento de deberes como consecuencia del secretismo con el que se manejó la información de fuentes de agua contaminadas, en la zona norte.

En el 2015, se realizó una serie de estudios sobre buenas prácticas agrícolas y contaminación con agroquímicos en Asadas y nacientes en las comunidades de Río Cuarto, Pital, Veracruz, Venecia y Aguas Zarcas en la zona norte del país, mediante el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) de la UCR.

Desde entonces, la investigación demostró la presencia de contaminación con bromacil en las fuentes de agua, sin embargo, a pesar de conocer el riesgo que esto implicaba para la población, el SFE no alertó ni al MAG ni al AyA.

Según indica el legislador Villalta, el Servicio Fitosanitario, incluso, sostuvo un acuerdo de confidencialidad con el CICA para no publicar los resultados de los estudios.

“Dijimos que íbamos a llevar el caso hasta las últimas consecuencias y estamos cumpliendo. El Servicio Fitosanitario del Estado permitió que personas de las comunidades de Río Cuarto, Pital, Venecia, Aguas Zarcas y Veracruz bebieran agua contaminada por años, poniendo en riesgo su vida y salud. La forma en la que manejaron la información es gravísima y preocupante” comentó Villalta.

A partir de julio del año en curso, tras la denuncia del diputado frenteamplista, los datos fueron revelados públicamente, razón por la cual tanto el instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados junto con el Ministerio de Salud han clausurado varios pozos y nacientes contaminados.

“Queremos sentar un precedente. Que ningún las y los funcionarios públicos tienen el deber de alertar a las autoridades correspondientes cuando existe un riesgo para la vida o la salud de la población. Esto no puede volver a ocurrir,” concluyó.

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