San José, 5 ago (elmundo.cr) – El diputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Gerardo Vargas Rojas solicita a la Procuradora General la República, Ana Lorena Brenes, se investigue la eventual ilegalidad del acuerdo pactado entre dicha instancia, en representación del Ministerio de Seguridad Pública y el empresario Oscar Echeverría Heigold, mediante el cual se tramita el desalojo de 100 familias de las fincas que ocupaban en Palmar Sur.
Según Vargas Rojas, el acuerdo que llevó a la materialización del desalojo de las familias, es absolutamente nulo por carecer una de las partes, el ejecutante del desalojo, de un requisito básico e ineludible para acordar; la legitimidad.
Esto por motivo de la caducidad del contrato de arrendamiento de Echeverría Heigold, desde el año 2011, el cual venció sin posibilidad de revocación ni prórroga del contrato entre las cooperativas propietarias de las fincas Changuena y Térraba y el empresario, tres años antes de que se firmara el proceso de desalojo, firmado en setiembre del año anterior.
“El acuerdo firmado por el entonces Luis Diego Flores, en representación del Estado y Allan Farro Navarro representante de Echeverría Heigold, que dio pie al desalojo de más de cien familias en la Zona Sur es y fue nulo desde el momento en el que fue suscrito”, aseguró el diputado.
Asimismo el legislador socialcristiano, fue enfático en señalar que “la eventual nulidad del acuerdo que permitió ejecutar el desalojo, luego de la homólogación judicial, podría generar para el Estado responsabilidades civiles en favor de las familias desalojadas en razón de haber sufrido un desalojo con base en un acuerdo entre el Estado y demandante que, al momento de la suscripción del acuerdo, ya no estaba legitimado para dichos efectos”.
La nota de solicitud de investigación sobre la presunta ilegalidad del desalojo, remitida por Vargas Rojas a la Procuraduría General de la República, debe tener respuesta en 10 días hábiles a partir de su recibimiento.
