Diputada increpa al Gobierno por placa con el nombre del Presidente Solís en obra pública

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La placa fue entregada por el Concejo Municipal de Santa Ana.

San José, 16 nov (elmundo.cr) – La diputado liberacionista Silvia Sánchez Venegas increpó al Gobierno por una placa colocada tras la inauguración en el Centro Diurno para la atención de adultos mayores en Lindora de Santa Ana.

La legisladora reprochó que en ella se haya incluido el nombre del Presidente de la República, Luis Guillermo Solís, pese a que existe una directriz emitida por el Mandatario que prohibe usar su nombre o apellidos en leyendas conmemorativas en obras públicas.

“Que fácil olvidan las promesas, los decretos firmados por el propio Presidente esta nueva incoherencia, característica de este gobierno, al colocar una placa inaugural del Centro Diurno para la atención de adultos mayores en Lindora, en el que muy claramente se ve el nombre del Presidente de la República Luis Guillermo Solís y del Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Carlos Alvarado Quesada”, dijo Sánchez.

Las declaraciones de la liberacionista se dieron luego de que el diputado Javier Cambronero del Partido Acción Ciudadan (PAC) acusara al alcalde de San Ramón, Nixon Ureña, de haber colocado una placa con su nombre en una obra construida con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias.

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LO QUE DICE LA DIRECTRIZ. Cincuenta días después de haber asumido el cargo, Luis Guillermo Solís emitió una directriz en la que prohibía publicar su fotografía en instituciones públicas o colocar su nombre en placas de obras inauguradas.

Dicha directriz, la 07-P dice textualmente que “las placas, emblemas o enseñas que se coloquen en las obras o infraestructuras públicas, construidas total o parcialmente con fondos públicos, no contendrán el nombre de funcionarios públicos, únicamente se podrá indicar el año de su inauguración”.

La placa en cuestión fue dada por el Consejo Municipal de Santa Ana.

Una resolución de la Sala Constitucional estipula que el Presidente de Costa Rica no puede dar órdenes a las instituciones autónomas con hasta un primer grado de autonomía. De ese modo, tampoco se aplican las directrices que emita un mandatario a las labores que desempeñan las municipalidades, pues esto violentaría su autonomía.

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