Costa Rica llega a un nuevo ciclo político con una mezcla de esperanza y cansancio. Durante décadas fuimos un referente regional en estabilidad democrática, educación y paz social. Sin embargo, hoy enfrentamos un contexto más complejo: crecimiento económico desigual, presión fiscal, deterioro en servicios públicos y una ciudadanía cada vez más exigente.
Lo primero que demandan los costarricenses son resultados concretos. Ya no basta el discurso técnico ni las promesas de largo plazo. La población quiere ver mejoras tangibles en seguridad, empleo, infraestructura y costo de vida. La inseguridad, en particular, ha escalado como una de las principales preocupaciones, lo que obliga a una respuesta integral que combine prevención, control y fortalecimiento institucional.
El segundo gran eje es la reactivación económica con equidad. Costa Rica ha logrado atraer inversión extranjera y consolidar sectores dinámicos, pero no ha conseguido que ese crecimiento “derrame” hacia todas las regiones y grupos sociales. El próximo gobierno deberá cerrar brechas territoriales, apoyar a las pequeñas y medianas empresas y generar condiciones para la formalización del empleo.
En tercer lugar, está el desafío fiscal. El país no puede sostener un modelo de desarrollo con finanzas públicas tensionadas. El Ejecutivo deberá tomar decisiones responsables: mejorar la recaudación, combatir la evasión y revisar la calidad del gasto. Pero también tendrá que hacerlo con sensibilidad social, evitando que el peso recaiga desproporcionadamente sobre quienes menos tienen.
Otro punto crítico es la modernización del Estado. La ciudadanía percibe un aparato público lento, fragmentado y muchas veces ineficiente. Digitalizar trámites, simplificar procesos y mejorar la gestión no es solo un tema técnico, sino una condición necesaria para recuperar la confianza en las instituciones.
La educación merece un capítulo aparte, históricamente ha sido el motor del desarrollo costarricense, pero hoy enfrenta rezagos importantes, agravados por la pandemia. Recuperar la calidad educativa, reducir la deserción y alinear la formación con las demandas del mercado laboral será clave para sostener el crecimiento en el mediano y largo plazo.
En paralelo, el país deberá navegar retos estructurales como el envejecimiento de la población, la sostenibilidad del sistema de pensiones y la transición hacia una economía más verde y resiliente.
Ahora bien, ningún gobierno podrá avanzar en solitario. El principal desafío político será construir consensos en una sociedad más fragmentada y en un escenario legislativo complejo. Gobernar Costa Rica hoy implica dialogar, negociar y ceder, sin perder el rumbo.
En síntesis, los costarricenses no esperan soluciones mágicas, pero sí esperan seriedad, transparencia y capacidad de ejecución. El próximo gobierno tiene la oportunidad y la responsabilidad de recuperar la confianza ciudadana y encaminar al país nuevamente hacia una ruta de desarrollo inclusivo y sostenible.
