San José, 6 mar (elmundo.cr) – La diputada liberacionista Ana Lucía Delgado Orozco denunció que la ministra de Cultura, Sylvie Durán Salvatierra y el gerente de Electricidad del ICE, Luis Pacheco Morgan, firmaron un convenio ilegal por un monto de casi $4.5 millones para que la institución construyera el Centro Cultural de Bandas en Santa Lucía, en Barva de Heredia.
El convenio N° 030-17 fue suscrito el 22 de diciembre del 2017, tanto solo cuatro días después de que el Departamento Jurídico de Cultura emitiera un criterio negativo mediante el oficio A.J. 530-2017, el cual señala “… No le es factible jurídicamente a ninguna institución estatal la realización de alianzas, convenios o cualquier otra forma de vínculo con el ICE…”.
Delgado indicó que el viceministro de Cultura de ese entonces, Max Valverde Soto, solicitó un nuevo criterio al ministro de la Presidencia, cargo que era ocupado por Sergio Alfaro, preguntando si el ICE es competente para construir este tipo de obra con el Poder Ejecutivo; dos días después, es decir el 20 de diciembre del 2017, se obtiene un criterio complaciente por parte de la Dirección Jurídica del Ministerio de la Presidencia, con instrucciones de Marvin Carvajal, quien era el director de esa dependencia, según oficio DJ-814-2017.
“El proyecto es importante y necesario para la provincia, el problema es que no existe un marco legal que permita al ICE construir este tipo de obras, a mi criterio disfraza una contratación, la cual, la misma Contraloría General de la República había señalado en el oficio DCA-1767 del 3 de julio del 2014, pues existe una contraprestación y un objeto claro de contratación. Lo preocupante es observar incluso anticipos del 95% del valor de la obra de forma inmediata”, agregó.
Los recursos correspondientes a ese 95% de anticipo al ICE fueron devengados del presupuesto del Ministerio de Cultura en el 2017; se acreditaron en febrero del 2018 con el presupuesto del año anterior desde la subpartida de edificios y no con la de transferencias, a pesar de que Manuel Aguilar Sáenz, director de Bandas del MCJ, indica en el oficio DB 875-18 del 29 de octubre del 2018, que el convenio estaba activo a partir de marzo del 2018.
La diputada comento que “hoy cumplimos más de un año de ese traslado y aunque existe una garantía colateral- propia de contratación administrativa- la obra aún no existe, por lo que estamos ante posibles delitos contra los deberes de la función pública”.
Tampoco se cuenta con permiso municipal para el desfogue de aguas pluviales ni viabilidad ambiental por parte de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), pese a que la supervisión de la obra, según el Sistema Digital Unificado de Compras Públicas (Sicop), se adjudicó en octubre del 2018 a Gestión y Consultoría Integrada (GCI S.A). por un monto de ₡84 millones, cuyo representante legal y accionista mayoritario de esa sociedad es Rubén Mario Salas Pereira, nombrado embajador en Suiza en la administración Solís Rivera y cesado de su cargo en esta administración.
“Hago un llamado vehemente a que se respete la legalidad y el Estado de Derecho. Señor presidente Carlos Alvarado, se lo repito, esto está pasando en el Poder Ejecutivo, en un Gobierno PAC, que está pronto a iniciar su sexto año de mandato”, concluyó.
La información y prueba documental recopilada en esta investigación será trasladada a la Contraloría General de la República.
