San José, 9 may, (elmundo.cr)- La diputada liberacionista, Silvia Hernández, cuestionó el uso de recursos por parte del Estado sin autorización legal, luego de que en la reciente publicación de la Memoria Anual de la Contraloría General de la República 2018, se señala que entre enero y setiembre de 2018, el Ministerio de Hacienda realizó pagos de amortización de la deuda, por más de ¢400 mil millones, lo que representa un 1,2% del PIB.
Hernández aseguró que “esta actuación de la Tesorería Nacional y el Ministerio de Hacienda, no solo fue continuado durante 9 meses, sino que en definitiva fue más del doble del dato que inicialmente circuló por ¢182 mil millones. Estamos hablado que, de los ¢900 mil millones del denominado “hueco fiscal”, más del 40% respondió a pagos sin autorización legislativa”.
La legisladora catalogó las acciones del Gobierno Central, como “una falta grave a la institucionalidad democrática, y un irrespeto a la sana y necesaria interdependencia de poderes y a los más elementales principios de responsabilidad y transparencia”.
La también jefa de fracción del PLN preguntó “¿dónde queda el respeto a la institucionalidad democrática y la transparencia en el manejo y gestión de la deuda?, La autorización presupuestaria legislativa no es un trámite irrelevante, sino un ejercicio de control del Estado que consolida el principio democrático y la transparencia en la gestión del erario”.
“No se puede repetir, el Poder Ejecutivo tiene responsabilidades constitucionales y legales, y la Asamblea Legislativa cumple un rol vital en el Estado de derecho costarricense, que deben ser respetadas”, añadió.
