San José, 8 set (elmundo.cr) – La Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico dictaminó afirmativamente de manera unánime el expediente 21930, consistente en el Préstamo N° 4871/OC-CR suscrito entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el país para financiar el Programa de Seguridad Ciudadana y prevención de la violencia por un monto de $100 millones a quince años plazo.
Previamente se recibió en audiencia a la ministra de Justicia, Fiorella Salazar quien resaltó las propuestas del plan en términos de la ampliación de las delegaciones policiales y la creación y financiación de los Centros Cívicos por la Paz (CCP), que dotarán a las comunidades de un amplio apoyo para trabajar en la prevención de la delincuencia.
El diputado oficialista, Enrique Sánchez, manifestó su apoyo a la iniciativa y expuso que forma parte de un programa desarrollado desde la Administración Chinchilla Miranda para asegurar que los sistemas de Seguridad y de educación para prevenir el delito reciban la infraestructura y la tecnología necesaria para expandirlos exitosamente.
Por su parte, la diputada Carolina Hidalgo destacó por su parte la importancia de contar con los recursos necesarios que doten a los cuerpos de seguridad y a los de atención a las poblaciones vulnerables de los mejores instrumentos para fomentar una cultura de seguridad y de convivencia pacífica.
La diputada Floria Segreda enumeró una serie de preguntas sobre las condiciones en las que vive la población penal del país y de los mecanismos que se tienen para prevenir a expansión de la pandemia del COVID-19.
Todas las dudas fueron atendidas por la ministra de Justicia, quien además explicó las inversiones llevadas a cabo en materia de nuevos centros penales y en las medidas decretadas por el Ministerio de Salud para detener la pandemia.
El plan será desarrollado en conjunto entre el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) y el Ministerio de Justicia y Paz (MJP), con la finalidad de afrontar la violencia y la seguridad mediante acciones que permitan realizar una atención integral.
Contribuirá con el financiamiento del Proyecto de Fortalecimiento de la Infraestructura de Delegaciones Policiales del Ministerio de Seguridad Pública que se enfoca con el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento policial con el fin de que puedan contar con las condiciones tanto de infraestructura y tecnología que les permitan cumplir con su misión.
También se incluye una mayor presencia policial para patrullajes, desarrollo de programas de deportes, cultura y empleo para jóvenes, así como mejora de los planes educativos en las escuelas de sus cantones.
Se destaca que no basta con reprimir la violencia y criminalidad ya existente, sino que es necesario actuar desde la prevención, uno de los actores fundamentales en este escenario son la niñez y adolescencia en riesgo.
Al Ministerio de Justicia y Paz como institución ejecutora, le corresponde elaborar esta prevención. La Ley 9025, le otorgó la responsabilidad de institucionalizar y hacer sostenible la implementación del modelo de operación y prevención de los Centros Cívicos por la Paz (CCP), mediante la inclusión de personal técnico y multidisciplinario, articulando la participación del Ministerio de Cultura y Juventud, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, el Instituto Mixto de Ayuda Social, el Instituto de Alcoholismo y Farmacodependencia, el Instituto Nacional de Aprendizaje (u otras instituciones y organizaciones) y las municipalidades donde se han construido los CCP.
Precisamente esta potestad para desarrollar trabajo de articulación de forma intersectorial, interministerial e interinstitucionalmente, beneficia a que las instituciones del poder ejecutivo y los gobiernos locales puedan trabajar de forma coordinada en la prevención de la violencia y promoción de la inclusión social, dando resultados tangibles a las comunidades que cuentan con un Centro Cívico por la Paz, y potenciando a que a través de su infraestructura se pueda fortalecer el tejido comunitario e institucional en pro de la niñez y adolescencia.
Aunado a estos elementos, parte de la importancia de un Centro Cívico por la Paz radica en representar un espacio seguro, libre de violencia, armas y drogas, que promueve las potencialidades y el desarrollo de las personas menores de edad y jóvenes, para complementar y enriquecer a los otros espacios de socialización y desarrollo personal que ofrecen la familia, la comunidad y los centros educativos; los cuales en conjunto, pueden marcar la diferencia en la trayectoria de vida de una persona menor de edad en condiciones de vulnerabilidad social.
Los recursos se invertirán finalmente en el Proyecto Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica del Ministerio de Seguridad Pública, Prevención Social de la Violencia, Proyecto Construcción de nuevos Centros Cívicos para la Paz del Ministerio de Justicia y Paz, Proyecto Implementación de un Sistema de Registro y Seguridad para CCPs. y fortalecimiento de la atención y gestión de CCPs
