San José, 26 may (elmundo.cr) – La dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, rechazó formalmente la terna enviada por el Gobierno de Costa Rica para ocupar la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), alegando que dicho cargo les pertenece por derecho propio.
El pasado viernes 22 de mayo, Costa Rica presentó ante los países miembros del SICA su propuesta para liderar el organismo, la cual está integrada por el exdiputado Gilberth Adolfo Jiménez Siles, la exembajadora en Estados Unidos, Catalina Crespo Sancho, y la embajadora de carrera, Lina Eugenia Ajoy Rojas.
Sin embargo, apenas tres días después, la Cancillería nicaragüense respondió con un rechazo contundente. “Ante esta situación anómala e inusual, reiteramos que Nicaragua tiene el derecho a la Secretaría General del SICA”, afirmó el régimen en una misiva, donde además exigió una reunión urgente de cancilleres para abordar la propuesta costarricense y otros temas del bloque regional.
Bloqueo y nuevas reglas
Desde noviembre de 2024, Nicaragua ha mantenido bloqueada la elección del secretario general, argumentando que el proceso requiere un consenso unánime. No obstante, a finales de abril de 2026, la mayoría de los países miembros del SICA —integrado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana— reformó el reglamento interno.
Con esta modificación, se eliminó el requisito de unanimidad y se estableció la “mayoría calificada” para la toma de decisiones, incluyendo la elección de la máxima autoridad del sistema. Expertos en relaciones internacionales han señalado que esta reforma será puesta a prueba en junio próximo, cuando se proceda a elegir al nuevo secretario general de la terna propuesta por la administración de la presidenta costarricense, Laura Fernández.
Antecedentes de tensión
El argumento central de los países miembros para rechazar sistemáticamente las ternas presentadas por el orteguismo ha sido la falta de idoneidad de los candidatos, a quienes califican como funcionarios “leales” a la dictadura y sin la experiencia necesaria en el servicio exterior.
La crisis en la Secretaría General se arrastra desde noviembre de 2023, cuando el nicaragüense Werner Vargas Torres —quien era el único candidato aceptado por consenso— fue obligado a renunciar al cargo.
Desde entonces, el régimen de Ortega y Murillo ha intentado imponer a sus propios funcionarios, entre ellos el actual canciller Denis Moncada Colindres y Valdrack Jaentschke Whitaker, ambos rechazados por el resto de la región.
El académico costarricense Carlos Murillo Zamora advirtió recientemente que la dictadura nicaragüense debe “aceptar la reforma” y “entender que ellos no son los que imponen las reglas del juego en Centroamérica”.
