San José, 09 nov (elmundo.cr)- El diputado del Frente Amplio (FA), Edgardo Araya, presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra el ministro de Ambiente, Édgar Gutiérrez, y la Junta Directiva de Aresep, por el supuesto incumplimiento de deberes en el proyecto hidroeléctrico de San Rafael, en San Pedro de Pérez Zeledón, a cargo de la empresa constructora Hernán Solís.
El legislador relató que la Aresep en primera instancia le rechazó a H.Solís la concesión del servicio público, porque no contaba con los permisos de aguas, empero, la empresa apeló la decisión y la entidad tenía ocho días para resolver, aunque al final se habría tardado tres meses.
En medio de ese interín, según Araya, la compañía llegó con la concesión de aguas otorgada al parecer en mes y medio por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), sin contar además con la conveniencia nacional.
“Con una concesión de aguas dada de forma extemporánea, es decir después del plazo que la misma Aresep había dado. Todavía más grave que el ministro de Ambiente diga que le puede dar una concesión de aguas sin tener de por medio la conveniencia nacional que se requiere”, manifestó.
Aunado a ello, el diputado dijo que la conveniencia nacional debe demostrar de previo que los beneficios sociales del proyecto son mayores que los costos-ambientales, y si no ha sido otorgada, la autorización del proyecto quedaría en el aire.
En esa misma línea, a tres días de que venciera el plazo que tenía el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) con la constructora, para la compra de energía generada en la planta hidroeléctrica privada, la Aresep presuntamente giró la autorización que abalaba dicho servicio.
“Aquí ha habido prevaricato e incumplimiento de deberes. Esto lo hemos planteado ante la Fiscalía General de la República para que se haga la investigación que considere. Esto nos parece mucho a lo que pasó con el caso del proyecto minero Crucitas”, afirmó el congresista.
A su criterio, se dan permisos “torciendo toda la legalidad”, para llevar a cabo una represa hidroeléctrica en una zona donde asegura no se requiere.
Por esa razón espera que el Ministerio Pública pueda llevar adelante la investigación lo antes posible, para así determinar las responsabilidades del caso.
Durante la conferencia de prensa, el presidente de Fecon, Mauricio Álvarez, tomó la palabra e indicó que H.Solís es, aparentemente, la empresa “más beneficiada” del Estado, al tener contratos de mantenimiento vial por más de ₡137 millones, incluso “renovados” por Conavi de forma directa.
Lo anterior, según señaló, pese a que la Contraloría General de la República ha insistido en la necesidad de abrir un concurso público.
“Es tan lucrativo este negocio de las carreteras y del mantenimiento, que esta empresa ha empezado a invertir en 10 proyectos hidroeléctricos en la Zona Sur.
“Si hablamos del duopolio en el tema del cemento, entonces tendríamos que hablar lo mismo en temas específicamente de mantenimiento de carreteras y constructoras”, añadió.
EL MUNDO aún está a la espera de una respuesta por parte de la Aresep, del Minae y de la empresa H.Solís, sobre esta denuncia que presentó el legislador Edgardo Araya en conferencia de prensa.
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