San José, 26 dic (elmundo.cr) – La Defensoría de los Habitantes urgió a la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Silvia Lara, acciones para enfrentar el impacto de la pandemia en las trabajadoras domésticas, quienes han sido despedidas, sus contratos de trabajo fueron suspendidos; o se redujeron significativamente sus jornadas de trabajo durante todos estos meses.
En el Informe Anual de Labores 2020-2021, la Defensoría de los Habitantes señaló que: “El grupo más afectado por el desempleo: Mujeres y exclusión. En el marco de la crisis sanitaria, con el cierre de las empresas y servicios, aunado a la suspensión del servicio doméstico, fue la población femenina la más afectada, ya que sus trabajos son a menudo, precarios y temporales. Además del desempleo y la suspensión de sus contratos, las mujeres también enfrentaron la carga desproporcionada de trabajo no remunerado, incluyendo el cuidado de niños, niñas, adolescentes (por el cierre de los centros educativos) y en no pocas ocasiones, el cuidado de personas adultas mayores”.
Según los datos del INEC para 2020, por ejemplo, derivados de la Encuesta Continua de Empleo (ECE 2020), evidencian la afectación diferenciada del empleo, subempleo y desempleo para las mujeres.
Para el mes de mayo de 2020, el INEC reporta que, en el I trimestre de ese año, la tasa neta de participación laboral a nivel nacional era del 63.4%; con un 74.7% de participación de hombres y 52.1% de mujeres.
Hubo una tasa de desempleo nacional ubicada en 12.5%, del cual 8.6% está representado por hombres y 18.0% representado por mujeres. Para el mes de agosto, el INEC publicó los resultados de la Encuesta para el II trimestre, y la tasa neta de participación laboral se ubicó en 57.6%, 70.5% hombres y 44.6% mujeres
Ante esta situación, la Defensoría pidió información al Ministerio de Trabajo, sobre las acciones generadas para la aplicación del Convenio 189 de la OIT sobre el trabajo decente para las personas trabajadoras domésticas, y aquellas implementadas para que las trabajadoras domésticas, incluidas las mujeres migrantes, puedan presentar las denuncias que correspondan.
Asimismo, las acciones y políticas nacionales que ha emitido el Ministerio de Trabajo para la reinserción laboral de las mujeres, particularmente a las mujeres trabajadoras domésticas, al trabajo remunerado, también el impacto que ha representado la Estrategia Nacional para la Transición a la Economía Formal (ENTEF), que proponía brindar protección social mediante modalidades de aseguramiento solidarios para grupos de interés como las trabajadoras domésticas y las personas recolectoras de café.
De igual forma, la Defensoría insiste en que se aclaren las actuaciones desplegadas por la Dirección General de Inspección Nacional de Trabajo, para garantizar que las mujeres trabajadoras domésticas no sean despedidas o vean suspendidos sus contratos cuando se encuentran en estado de embarazo o lactancia, así como el fortalecimiento de sus competencias para verificar las violaciones a sus derechos que se presenten en los hogares.
Por otra parte, este ente defensor pidió cuentas sobre el impacto de las acciones que ha emprendido el equipo técnico (MTSS, MEIC, INEC y OIT) para identificar los vectores de la informalidad para orientar la intervención mediante política pública.
